El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana albergó ayer el juicio que dirime si el convenio colectivo de los collidors (de los cuales hay más de 14.000 en la provincia y unos 70.000 en la Comunitat Valenciana) se ajusta a derecho o no. Tras escuchar a las partes (de un lado CCOO, que impugnó el acuerdo --que ya no firmó el año pasado--; y del otro UGT, la patronal y las cooperativas, que sí lo suscribieron), el juez dejó el caso visto para sentencia, para la que todavía no hay fecha.
En la jornada, la primera y la última del juicio, todas las partes se ratificaron en sus posturas. Es decir, CCOO señaló que los dos puntos que impugna --el contrato por obra y servicio y el rendimiento mínimo para los jornales-- no se ajustan al sector y deben quedar fuera del convenio; por su parte, UGT, la patronal y las cooperativas alegaron que sí están justificados.
Acerca del primer punto, el secretario general de la Federació Agroalimentària de CCOO-PV, Josep Miquel Tomàs, critica que la inclusión del contrato por obra ha llevado “a que hayan crecido de forma desproporcionada los contratos de ETT”, hasta el punto que en la provincia y en la Comunitat hay comercios privados --“no tanto cooperativas, que contratan a muchos socios”, recuerda-- “que solo tienen el 15% de trabajadores propios y el resto procede de empresas temporales”. Incluso afirma que esta práctica es “mayoritaria” entre las firmas.
Asimismo, en cuanto al rendimiento mínimo para el jornal, denuncia que es “una arbitrariedad” exigir recolectar “750 kilos de navelina para cobrar un jornal de 5 horas”, pagado con 50 euros. Según dice, trabajar a destajo sale incluso más barato y además es muy difícil cumplir la cuota, a la que se le añade a posteriori descuentos “de hasta el 20%” en el almacén por el destrio.
De esta manera, será en una fecha venidera cuando el juez determine si el convenio de los collidors es legal o si por el contrario las partes deberán negociar otro, ya sin estos puntos. H
