El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha rebajado los efectos que en la práctica pueda tener la nulidad decidida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para los decretos de coordinación con las diputaciones en materia de turismo y deportes, al mismo tiempo que defiende el consenso y, precisamente, la coordinación como ejes de las relaciones que son, a su juicio, inevitables entre las administraciones autonómica y provincial.
El alto cargo castellonense ha asegurado que la decisión judicial «no debería tener ningún impacto en la práctica» y defendió que el Estatuto de Autonomía concede a la Generalitat la «competencia exclusiva» en política turística, si bien reconoció la función de otros actores como los patronatos provinciales de turismo o las ciudades turísticas.
AUTONOMÍA
Como informó Mediterráneo, en su fallo, el alto tribunal valenciano estima los recursos contencioso-administrativos presentados por la Diputación de Castellón en marzo del 2016, que alegaba que el citado decreto «no se adecua al principio de autonomía financiera» de las diputaciones. Ante cómo puede conciliarse la «autonomía financiera» de las diputaciones con la «competencia exclusiva» en materia turística del Consell, Colomer ha concluido que esa disyuntiva «la tendrán que dirimir los juristas», ya que la Abogacía de la Generalitat presentará un recurso contra la citada sentencia, ha explicado.
En todo caso, ha señalado que la próxima ley de turismo, ocio y hospitalidad contará con un órgano de gobernanza donde estarán «todos representados para tomar las decisiones estratégicas en política turística», matizó.
«Hemos de velar por evitar duplicidades, no podemos ir por libre ni ir al mismo sitio y por la misma puerta a horas diferentes, ni negociar por separado; y el decreto quiere garantizar esa coordinación», ha insistido el secretario autonómico de Turismo.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha abundado en esta línea argumental durante su visita a l’Alcora, en la que ha dicho que «el auto reconoce claramente que la Generalitat tiene la obligación de coordinar las diputaciones», y ha añadido que el fallo «dice que los presupuestos de las diputaciones se tienen que incorporar a los de la Generalitat, y eso es lo que dice el Estatut».
Desde el punto de vista de Puig, lo que quiere la Generalitat es «que el dinero público se gaste de la manera más razonable posible; de una manera que no sea ridícula, como pasa a veces que se hacen presencias en medio mundo, gastando mucho dinero de una manera inútil», ha comentado.
El líder del Consell ha aseverado finalmente que «lo que no se puede estar es constantemente en una batalla partidista», y ellos no están «en esa batalla».
