La tranquilidad del pleno municipal que abrió ayer el curso político en el Ayuntamiento de Castelló se rompió cuando María Jesús Garrido, edila de Vivienda, desveló el uso de pisos sociales para venta de droga. La inesperada acción de la concejala motivó una cadena de quiebros y renuncios. Primero eran «muchos» los pisos utilizados para este fin, luego eran «dos» y finalmente la concejalía admitió, una vez acabada la sesión, que «una de las 217 viviendas» municipales está siendo investigada por este motivo por la Policía Nacional. Fue el propio Ayuntamiento, como apuntó después el portavoz del equipo de gobierno Rafa Simó, quien dio el aviso pertinente a la policía tras recibir quejas de los vecinos.

Garrido intervino en la parte final del pleno para responder la pregunta de Begoña Carrasco, la portavoz del Partido Popular, sobre la demora en la licitación del plan estratégico de vivienda. Antes de señalar que el plan saldrá a concurso «el mes que viene», la edila de Vivienda criticó el trabajo de la pasada legislatura, con Ali Brancal como responsable del área. «No se hizo nada», dijo Garrido, «estamos asegurándonos de que las viviendas que hay se usan correctamente». «Hay muchos conflictos en las viviendas sociales», añadió, «y a través de la policía tratamos de erradicar la droga que se vende en los pisos».

El atrevimiento de Garrido contrastó con la cautela de Simó, que compareció ante los medios una vez finalizada la sesión. El portavoz del equipo de gobierno matizó las palabras de la titular de Vivienda, y pidió no mezclar el tema «puntual» de la droga con la regularización de las viviendas.

reacción // «Cuando llegamos (en el 2015) al Ayuntamiento, el desbarajuste era importante. Durante cuatro años es cierto que no hemos conseguido los frutos deseados, pero eso no quiere decir que no se haya trabajado», concedió Simó, que defendió la labor de Brancal durante la anterior legislatura y evitó concretar datos sobre la situación actual. «Lo primero es regularizar las viviendas sociales en todos los sentidos», dijo. Uno de ellos implica «trasladar a la Policía Nacional las quejas de los vecinos» sobre «acciones que pueden ser ilegales», en referencia al tráfico de drogas.

Begoña Carrasco, por su parte, anunció tras el pleno que en la próxima comisión de estudio interpelará al equipo de gobierno acerca de las «graves afirmaciones» de Garrido. La portavoz popular preguntará «si existe un control de personas que están residiendo en dichas viviendas», y «si se tiene constancia de la venta de estupefacientes en las mismas, en cuyo caso debería denunciarse de manera inmediata». A las críticas se unió Luciano Ferrer, portavoz de Vox, que pedirá «explicaciones ante tal despropósito».

La otra nota discordante en el pleno se originó en un ruego de la popular Carrasco, que preguntó por dos vehículos oficiales «de alta gama» adquiridos meses atrás por el Ayuntamiento, y por qué «llevan cinco meses aparcados en el sótano». Simó contestó al respecto que antes, con el PP, había cinco en lugar de dos, que «el consumo se ha reducido un 36%», y que se cambiaron porque «eran coches con más de 200.000 kilómetros y daban problemas de costosa reparación». Subrayó el portavoz socialista que «el uso ahora es estrictamente oficial», dejando entrever que antes podía no ser del todo así.