Una sentencia conocida ayer da la razón al PP y ejerce otra vuelta de tuerca sobre la polémica sobre la empresa pública Carns de Morella, que fue presidida por Ximo Puig en su época de alcalde de la población, y las ayudas de 140.000 euros incluidas en el presupuesto de la Generaltat del 2016 para el matadero que centraron la primera crisis del president al frente del Consell.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón ha condenado al Ayuntamiento de Morella a entregar al grupo municipal del PP de la población la relación de socios de la empresa Carns de Morella SL, así como su porcentaje de participación y los movimientos de transmisión de diferentes participaciones sociales o suscripción de ampliaciones de capital.
Según el texto de la sentencia, a la que Mediterráneo ha tenido acceso, al negarse la información solicitada por la oposición local, la jueza entiende que se ha vulnerado el derecho a participar en los asuntos públicos del PP y subraya que entregar esta información no afecta a la intimidad de las personas. Por otra parte, abunda en sus argumentos al señalar que Carns de Morella es una sociedad participada mayoritariamente por el consistorio.
La sentencia, contra la que cabe recurso, también condena al consistorio de Morella a asumir las costas causadas en la tramitación del procedimientos, con el límite máximo de 675 euros.
proceso y críticas // Los hechos se remontan a una resolución de la Alcaldía de Morella en enero, por la que se acordó desestimar la petición del portavoz del PP de información sobre la identificación de los socios privados de Carns de Morella y las nóminas, al entender que «nada aporta a la función fiscalizadora» y podía tener datos protegidos.
Contra esta resolución, el portavoz del PP, Miguel Ángel Querol, interpuso en aquel momento un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, que el Ministerio Fiscal consideró en principio que procedía desestimar, pero que tras un largo proceso ha acabado finalmente en sentencia condenatoria.
En relación con el auto, Querol lamentó ayer que haya tenido que ser un juzgado el que castigue la «opacidad» y la «falta de transparencia» del alcalde socialista de la localidad, Rhamsés Ripollés, y «obligue al PSPV a entregarnos la documentación sobre el matadero Carns Morella, empresa participada por el Ayuntamiento y que acumula millones de pérdidas». El portavoz del PP censuró que al final tengan «que ser todos los vecinos de Morella los que deban pagar de su bolsillo la condena del Ayuntamiento por ocultar y esconder a los ciudadanos su nefasta gestión al frente de la entidad y su negativa a dar al grupo popular información sobre la identificación de los socios privados de la empresa y las nóminas pese a ser una empresa pública», argumentó. H
