Francisco Martínez “abusando de su cargo” facilitó la aprobación del expediente administrativo relacionado con la EDAR de Borriol y “se benefició, a través de su participación en una sociedad, aunque finalmente no se materializó el proyecto de expropiación de terrenos” en los que iba la depuradora. Así lo considera probado la Sección Segunda de la Audiencia de Castellón, que condena al exvicepresidente primero de la Diputación y exalcalde de Vall d’Alba a 8 meses de prisión y multa de 12.600 euros como autor de un delito de negociación prohibida a funcionarios. El fiscal solicitaba para él en total 4 años de prisión por el citado delito, además de prevaricación, tráfico de influencias y fraude ilegal.
El tribunal reprocha la actitud de Martínez y no le cree cuando, en su declaración en el juicio, mantuvo que no conocía los terrenos donde iba proyectada la depuradora y no se leía los informes técnicos que rubricaba. “No es suficiente con decir que no lo conocía y que no miraba lo que firmaba y que se fiaba de los técnicos, puesto que sabiendo que tenía fincas en dicha zona debió de conocer dicho extremo y, a esta sala, no le surge ninguna duda de que realmente lo conocía”. Y considera que lo sabía, “como mínimo, desde diciembre del 2011”. Los magistrados creen que, desde ese mismo momento, debería haber “comunicado al presidente de la Diputación sus intereses en la EDAR y debía de haberse abstenido en las votaciones y cualquier resolución o decisión que afectara a la misma”.
El tribunal también acuerda su inhabilitación especial para el empleo o cargo público durante dos años, si bien le absuelve de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude ilegal de los que le acusaba el Ministerio Fiscal, al considerar que no han quedado acreditados.
La sala, al mismo tiempo, absuelve al resto de acusados: el exalcalde popular de Borriol Adelino Santamaría, los dos hijos de Martínez, el empresario y socio de este, Raúl Babiloni, y al empleado de este último Luis García de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas.
para el fiscal era el “tapado”// Cabe recordar que el representante de la Fiscalía mantuvo en el juicio oral, que se celebró entre el 15 y el 25 de febrero, que Martínez se concertó con Babiloni con la finalidad de que por parte del primero se obtuviera un beneficio patrimonial ilícito de unos 51.000 euros a través de personas interpuestas y de sociedades en la venta de los terrenos donde se proyectaba la EDAR de Borriol. De hecho, en sus conclusiones sobre el caso aseguró que “queda demostrada una trama urdida por ellos para tratar de esquilmar el patrimonio público usando cargos administrativos y mediante sociedades privadas”. Y calificó a Martínez como “el tapado”; a Babiloni, “el testaferro”; de Santamaría dijo que era “el conseguidor”; los hijos de Martínez, “los cooperadores y beneficiarios” y García, “el cooperador”.
Sin embargo, la Audiencia considera que la inclusión de la parcela propiedad de la empresa de Martínez y sus hijos “ya venía del proyecto del 2008”, cuando era competencia de la Generalitat, y, posteriormente, cuando pasa a asumirlo la Diputación, en el 2013, “era oportuno dejar esa finca para una posible ampliación”. Asimismo, la sentencia recoge que “no se ha acreditado la existencia de un plan preconcebido o de concierto alguno entre los acusados” para incluir la porción de terreno dentro de la EDAR. El tribunal considera que no se ha demostrado la existencia de actuaciones prevaricadoras, ni que los acusados hubieran influido en los funcionarios públicos que tramitaron los expedientes.
Ni ha quedado probado el fraude ilegal “porque no se ha demostrado que la valoración del Ayuntamiento sobre el precio de los terrenos a expropiar fuera desorbitada, pues no se hizo ninguna prueba en el juicio” que refleje el quebranto a las arcas públicas.
“NO es creíbLE” // Pero para la sala “no es creíble la compra por parte de una joven de 18 años de una finca de 3.000 euros que no fuera conocida por su padre”. Y “tampoco es creíble que Martínez desconociera la aportación de dicha finca a la sociedad familiar Franvaltur, puesto que intervino en la escritura pública de aumento de capital social”. H
