Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intervinieron el año pasado en la provincia de Castellón más de 15.000 productos falsificados. Así se desprende del último balance del Ministerio del Interior hecho público ayer, que refleja, además, un importante aumento en los efectos intervenidos, que han pasado de 859 en el 2017 a 15.830 en el 2018.
También van al alza las detenciones por delitos contra la propiedad industrial, que suben de siete a 18 respectivamente.
Podría pensarse que esto refleja una acción contundente contra el top manta, el fenómeno que tanto preocupa durante el verano a los ayuntamientos del norte de la provincia, como Peñíscola, que ha pedido al Gobierno central una actuación contundente contra estas prácticas.
Sin embargo, ninguno de estos efectos fue intervenido en la venta ambulante, legal o ilegal. Además, solo un pequeño porcentaje corresponde a productos textiles (959 artículos), calzado (307) o marroquinería y complementos (54). Tampoco son joyas, dvds o cedés o bebidas.
POCO CALZADO O ROPA // En los cinco últimos años los efectivos policiales han detectado un total de 133.449 artículos falsificados en la provincia de Castellón. De ellos, 3.254 fueron productos textiles y 1.026 calzado o complementos. Además, detuvieron o investigaron a 66 personas. El año con más incautaciones fue el 2016, cuando estas sumaron 101.889 y las detenciones o imputaciones ascendieron a 29.
En toda España, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aprehendieron en el 2018 más de seis millones de productos falsificados con un valor de 994,5 millones de euros, más del triple del importe de lo incautado el año anterior. Igual que sucede en la provincia de Castellón, la venta en mercadillos tiene un valor residual en la estadística nacional: se intervinieron un total de 36.801 objetos por venta legal y 901 productos por la ilegal.
LA COMUNITAT // La Comunitat Valenciana se sitúa a la cabeza de este particular ránking estatal, con 4,5 millones de productos intervenidos. Las estadísticas del Ministerio no aportan datos por provincias sobre el valor de los efectos confiscados.
