El conflicto laboral del Hospital Provincial se recrudece en los tribunales. El próximo miércoles, justo un día después de que se celebre el consejo de gobierno del centro, hay señaladas en la Ciudad de la Justicia de Castellón diversas vistas, tras las demandas de trabajadores, y también el juicio que dirimirá la denuncia presentada por la Diputación de Castellón por los despidos acordados en el hospital en el 2016, pese a no haber sido acordados en el órgano de gobierno. Estos acontecimientos son la consecuencia de la precariedad laboral y las «contrataciones a dedo», según las califican los sindicatos, que se producen en esta entidad, como refleja la auditoría «desfavorable» de la Intervención de la Generalitat referida a las cuentas del 2016, que avanzó Mediterráneo.

De todos los juicios programados para el miércoles, sin duda, el más relevante es el que tratará la denuncia que la Diputación de Castellón presentó contra los despidos de octubre del 2016, basados, según el hospital, en un informe de la UJI que el consejo de gobierno nunca aprobó.

despidos improcedentes // Dos de las vistas hacen referencia a despidos que afectaron a unos 17 trabajadores, y amortizaciones de plazas acontecidas. En concreto, afectan a una abogada y a la responsable de servicios generales del centro. Todos ellos fueron declarados improcedentes y hubo que indemnizar a los afectados con las cuantías estipuladas, lo que supuso un importante desembolso para el Provincial, a pesar de su complicada situación financiera y económica, como pone de manifiesto la auditoría.

Por tanto, ese mismo día hay previstos diversos juicios por el tema de la productividad, donde los empleados reclaman cobrar este suplemento. En este sentido, el estudio de Intervención recrimina a los responsables del consorcio, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y el gerente, Ximo Sanchís, que no abonaran en el 2016 el complemento de productividad, pese a figurar «expresamente» en el convenio colectivo. Por este motivo, entre dicho ejercicio y el 2017, los trabajadores presentaron 149 instancias ante el Juzgado de lo Social y Contencioso-Administrativo, reclamando dicho pago. En el momento de elaborar la auditoría, se habían resuelto 107 demandas de forma desfavorable para el consorcio. De ahí que todavía queden pendientes algunos de estos procedimientos.