Prácticamente a un mes de que entre en vigor la nueva tasa de residuos en vertederos industriales, que afectará de manera directa al sector del azulejo, la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental aún no ha logrado concretar qué medidas podrán ofrecer a las empresas para que vean atenuado el impacto negativo que, sobre sus balances, podrían darse con la aplicación de esta nueva normativa. Estas acciones paliativas sobre los efectos de lo que se llamó tasazo fueron parte de las promesas que el propio president de la Generalitat, Ximo Puig, hizo al sector en la última reunión de la mesa de la cerámica que tuvo lugar el pasado mes de febrero.

De no concretarse una corrección a los efectos nocivos de esta tasa --impuesta in extremis por el grupo parlamentario de Podemos durante la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para este año-- el sobrecoste de su aplicación podría suponer para el azulejo algo más de 1,5 millones de euros anuales, tal como cuantificó la patronal cerámica Ascer nada más conocer su aprobación dentro de la ley de acompañamiento de las cuentas autonómicas.

Una de las principales dificultades en las que se está encontrando el grupo que trabaja en la puesta en marcha de estas medidas estriba en que la tasa no solo afecta a la cerámica, sino que también se aplica a otros sectores como el cemento, que reclama el mismo trato que al azulejo. De otro lado está la reivindicación de plataformas ecologistas y, por otra parte, la exigencia de los grupos políticos que forman parte del acuerdo del Botànic, que esperan que desde el Consell se atienda a la decisión adoptada en Les Corts.

«PENALIZACIÓN» // Desde la industria cerámica se considera esta tasa como una penalización a un sector que en los últimos años ha realizado fuertes inversiones en materia medioambiental, es puntera en cogeneración y destaca en cuanto a medidas de sostenibilidad energética y la reducción de gases de efecto invernadero.

La medida contemplada por el Consell no se ciñe en renunciar a la tasa, que una vez aprobada en el pleno de Les Corts se pondrá en marcha a partir del 1 de julio, sino en buscar medidas que atenúen los efectos que su aplicación pudiera ocasionar en la competitividad de las empresas, de ahí que se haya creado un grupo de trabajo que concrete esas acciones y que serán aprobadas vía decreto antes de la puesta en marcha del citado tasazo.