El Consell garantizó ayer que nadie se quedará sin atención sanitaria a pesar de que el Tribunal Constitucional haya anulado, por invadir las competencias del Ejecutivo central, el decreto de la Generalitat que regulaba el acceso universal a la Sanidad, una norma que permitía la atención a todos los inmigrantes en situación irregular. Se trata del segundo varapalo judicial que se conoce en menos de cinco días, después de que el Supremo tumbara la jubilación forzosa del personal sanitario de la Comunitat.

El alto tribunal considera que la norma valenciana se extralimita en las competencias que se atribuye e invade las propias del Estado central, por lo cual la anula por inconstitucional.

TRANQUILIDAD // No obstante, el president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que «cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunitat, va a ser atendida y en ningún caso se le va a cobrar ninguna factura sanitaria».

Ximo Puig consideró una «profunda inhumanidad» que el Gobierno central no quiera legitimar el derecho que tienen los ciudadanos a una sanidad universal y ha avanzado que se buscarán otras vías para impedir «que se eche a nadie del sistema».

Asimismo, Puig criticó que el Gobierno de España está utilizando la vía judicial para «defender posicionamientos políticos injustificables» y considera que «dejar fuera de la sanidad pública a más de 20.000 personas que ya se han adherido a ella es simplemente un ejercicio de inhumanidad».

Puig reiteró la necesidad de una reforma constitucional para «reforzar el estado federal y autonómico frente a la recentralización que pretende el Gobierno y que esta sentencia avala».

A su vez, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, aseguró que la decisión del Constitucional afecta al Decreto Ley de atención universal «pero no a las instrucciones» para garantizar ese acceso, de distinto rango normativo, por lo que estas siguen vigentes y todas las personas recibirán atención sanitaria.

1.200 BENEFICIARIOS // Asimismo, Sanidad ha reenviado a todos los departamentos las instrucciones emitidas en el año 2015 para recordar la vigencia de la cobertura sanitaria universal y de los procedimientos administrativos de protección sanitaria establecidos desde hace más de dos años. No solo se mantiene la cobertura a las 23.663 personas que ya se han beneficiado de la medida sino también a las que sigan solicitando la cobertura sanitaria a la Generalitat. Más de 1.200 personas se han beneficiado en la provincia de Castellón.

La norma valenciana da acceso a la Sanidad pública a extranjeros mayores de edad, sin autorización para residir en España pero con residencia en algún municipio de la Comunitat durante un mínimo de 3 meses y que no estén asegurados por la seguridad social. Mientras, la norma estatal que regula el sistema nacional de salud, permite acceder a las prestaciones a los extranjeros no registrados ni autorizados para residir en España, pero solo en determinados supuestos y circunstancias concretas, es decir, no de una manera generalizada.

Así, el TC considera que la norma valenciana es una ampliación de la cobertura sanitaria no contemplada en la norma estatal, que incluye entre los sujetos asegurados a los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español pero no a los que no estén registrados ni autorizados para residir en España. El TC ya suspendió en 2015 el decreto, cuando admitió el recurso del Gobierno, pero en 2016 levantó la suspensión, de modo que desde entonces ha estado en vigor en la Comunitat.

La sección 4 del Supremo ya refrendó la anulación del decreto del Consell que obligaba al personal sanitario a jubilarse, de forma forzosa a los 65 años.