El Gobierno valenciano aprobó ayer el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat, conocido como Pativel, en el que se propone la conservación de más de 2.500 hectáreas en la provincia de Castellón de las más de 7.500 que pretende tutelar en la Comunitat y que cuentan con una elevada calidad medioambiental, territorial y paisajística y, en algunos casos, corresponden a zonas verdes a cargo de los municipios costeros.
Esta regulación, que hasta ahora se extendía a los 500 metros del mar, se expandirá sobre una franja de un kilómetro a lo largo del litoral valenciano y se presenta bajo dos diferentes grados de protección: por un lado, los espacios situados a menos de 500 metros de la costa y aquellos que se prolongan a partir de la raya de los 500 a los mil metros del frente marítimo. El objetivo es blindar estos espacios, «garantizar la conectividad ecológica y funcional del mar con el interior, evitar consolidados urbanos y barreras que deterioren el litoral y mejorar la calidad del espacio edificado para ser más competitivo con respecto a las nuevas demandas turísticas», según señala el Consell.
El Pativel aprobado solo permitirá en el tramo más cercano a la costa actividades, infraestructuras y dotaciones públicas que requieran de estos espacios, además de que se consentirá la rehabilitación de edificaciones existentes para usos de restauración, culturales y alojamientos. En la franja más alejada de la costa, hasta mil metros, en cambio, sí se podrán construir hoteles rurales, «con encanto», de baja ocupación, además de negocios «abiertos» de carácter deportivo, campings con certificado de sostenibilidad, dotaciones asistenciales, entre otras, pero que garanticen su acomodo con el entorno natural.
NECESIDAD DE INFORMES
El plan que regula estos espacios también rechaza los crecimientos en pendientes elevadas y obliga a que todos los proyectos de desarrollo urbanísticos en los primeros 500 metros junto a la costa cuenten con un informe de integración paisajística.
Con la finalidad de promover un turismo de calidad, según se expone en el Pativel, se regula también un régimen específico de incremento en el índice máximo de crecimiento de suelo con respecto a la oferta hotelera.
Entre otros aspectos, este plan garantiza a los propietarios de las edificaciones unifamiliares diseminadas y en situación anómala el derecho a su regularización a través de un procedimiento de integración paisajística, que pasa por medidas como el control de los vertidos de aguas fecales.
RECHAZO EMPRESARIAL
Si bien la medida fue presentada ayer por la vicepresidenta Mónica Oltra como una de las actuaciones «más relevantes de esta legislatura en materia de planificación territorial», desde la patronal de la construcción se señaló su más profundo rechazo, puesto que limitará el crecimiento económico en la provincia al tiempo que criticó que no se tuvieran en cuenta las numerosas alegaciones presentadas. En este sentido el presidente de la APECC castellonense, Fernando Alfonso, lamentó la medida y dijo esperar a conocer el texto en profundidad para sacar nuevas conclusiones.
