La Generalitat valenciana ha regulado en una nueva orden de aprovechamientos forestales, ahora en fase de exposición pública, la concesión de refugios, cobijos, zonas de acampada y áreas recreativas para su explotación por parte de particulares o ayuntamientos. En la Comunitat Valenciana existen 300 instalaciones de este tipo, 49 de ellas en la provincia de Castellón. Ubicadas en terrenos públicos se pueden desarrollar en ellas actividades deportivas y de recreo, sin perjuicio para el medio natural. Con la modificación de la anterior normativa, que data del 2015, el objetivo de la Conselleria de Agricultura, Emergencia Climática, Desarrollo Rural y Transición Ecológica es dar uso a estos espacios ahora cerrados. Se consigue, además, dar un necesario impulso al mundo rural a través de la creación de puestos de trabajo ligados al turismo verde.

Algunas de estas equipaciones se encuentran clausuradas temporalmente por cuestiones de carácter técnico, administrativo o económico, como es el caso de los refugios forestales o los campamentos de Sant Joan del Penyagolosa, en Vistabella. Dos de ellos están ya gestionados por ayuntamientos, como el de Altis, en Villahermosa del Río, y el de Mas de Falcó, en Castellfort. «Para poder tramitar la concesión o autorización de ocupación temporal se necesita un amparo jurídico y legal con el que actualmente no se cuenta, de ahí que se haya incluido en la nueva orden», señaló el director general de Prevención de Incendios Forestales de la Conselleria, Diego Marín.

La Dirección Territorial podrá adjudicar las instalaciones por contratación directa, según los supuestos establecidos por la Ley de Patrimonio de la Generalitat. Es el caso de que el peticionario sea una administración pública o una entidad sin ánimo de lucro, y los fines a que vaya a ser destinado sean de utilidad pública o interés social. En estos casos podrá tener carácter gratuito, siempre que la actividad a desarrollar en el inmueble no tenga contenido económico.

reacciones // La medida ha sido muy bien recibida por el alcalde de Vistabella, Jordi Alcón, ya que es el municipio de la provincia que cuenta con más espacios de esta índole, en concreto, siete. «Es una buena noticia que podamos gestionar los campamentos, que están ahora cerrados, y las otras áreas, ya que nos puede ayudar a nivel turístico y a generar empleo», aseguró el primer edil. Y es que, según explica el munícipe, esta localidad de la comarca de l’Alcalatén sufre el grave problema de la despoblación, agudizado, especialmente, desde que el ermitorio de Sant Joan y el restaurante adyacente cerraron sus puertas. «Antes venían turistas y se notaba más actividad en los comercios», apuntó, al tiempo que apostó porque la cesión se realice mediante convenio para no tener que afrontar un gasto añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Vilafranca, Silvia Colom, ve la norma positiva para los intereses de los municipios, pero resaltó que, en el caso de las dos áreas recreativas que hay en su término municipal, el mantenimiento ya lo realiza el consistorio para que estén en buen estado para su uso.

Más crítico con la futura normativa se muestra el primer edil de Peñíscola, Andrés Martínez. Esta localidad costera cuenta con cinco espacios que entran dentro de esta norma. «Si la cesión va acompañada de una línea de ayudas será positiva, los ayuntamientos no podemos seguir asumiendo competencias que no nos son propias y asumir costes de mantenimiento de instalaciones si la Generalitat no arrima el hombro. Si la orden busca una gestión más directa y eficiente, que no rehuya de su responsabilidad y doten económicamente a las administraciones locales para poder asumir la gestión».