La nueva Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica llegará a la provincia de Castellón con un nuevo impuesto y una mayor carga impositiva de la mano de la denominada fiscalidad verde que se incluirá en esta futura norma cuyo borrador presentó ayer la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.

De esta forma, el Consell implantará un impuesto sobre las nuevas matriculaciones de vehículos combustibles que se realicen a partir de 2023, una medida con la que pretende incentivar el uso de vehículos libres de emisiones. Un tributo que se destinará al Fondo para la Transición Ecológica para invertirlo, entre otras propuestas, a la instalación de una red de puntos de recarga o a incentivos para la compra de vehículos libres de emisiones, ha dicho la consellera.

Además, el borrador contempla establecer una carga impositiva para zonas de gran afluencia de vehículos combustibles como son los centros comerciales y para los grandes buques que recalen en el puerto de Castellón.

Por lo que se refiere a la planificación urbanística de las ciudades, el documento plantea que los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) tendrán que reservar un área de suelo a la generación de energías renovables para dotar de «autosuficiencia energética» el proyecto de desarrollo urbanístico concreto.

Por otra parte, y con el fin de favorecer una movilidad sostenible, Mollà destacó que la futura normativa, que deberá aprobarse por Les Corts, prevé obligar tanto a administraciones públicas como a empresas privadas a sustituir su flota de vehículos por otra libre de emisiones.

La consellera también apeló a la necesidad de colaboración entre las instituciones ante dos problemas que no entienden de fronteras y la necesidad de «reaccionar a tiempo» antes de tener que «paliar sus efectos». En este punto, Mollà ha recordado que la Comunitat Valenciana es una de las zonas «más vulnerables» a los efectos del cambio climático y, sin embargo, hasta la fecha no solo va camino de reducir sus emisiones hacia un modelo «neutro» sino que también va «en dirección contraria».

Esta nueva normativa pretende dar un «salto cualitativo» con medidas «valientes» que impliquen a los sectores económicos y a la sociedad civil organizada, con elementos que evalúen sus resultados y a su vez proporcionar «seguridad jurídica» ha subrayado la dirigente autonómica Mollà. La ley se centra en tres grandes ámbitos: energía, movilidad y ordenación del territorio.