Hasta 49 televisiones ilegales campan a sus anchas en Castellón. Señales dedicadas a la videncia, el tarot, los contactos sexuales o la televenta invaden ilícitamente el espacio radioeléctrico de la provincia. Ahora el Consell, que está a punto de completar la adjudicación de TDT en la Comunitat, quiere poner punto y final a un problema que viene de lejos y que, además, supone una competencia desleal para los que sí emiten de acuerdo con la ley, que pagan impuestos y crean puestos de trabajo.

En Castellón el problema es mayúsculo. De hecho, la provincia concentra el 41% de todas las emisiones de televisiones ilegales de la Comunitat. En el conjunto del territorio valenciano, el Consell tiene constancia de al menos 120 cadenas pirata, de las que 49 se encuentran en la provincia. A esta cifra hay que añadir otras 40 emisiones de radio que burlan la ley (unas 400 en la Comunitat).

Para finiquitar la proliferación de frecuencias ilegales, el Gobierno de Ximo Puig empezará esta misma semana a perseguir a los canales pirata. ¿Cómo lo hará? Desde mañana lunes, enviará requerimientos a los propietarios de los repetidores donde se concentran el mayor número de infracciones. En Castellón son tres: el Cerro de la Peña de Borriol, la Partida de la Sorra de la Vall d’Uixó y los del Bartolo, en el parque natural del Desert de les Palmes, desde donde se da cobertura a emisiones en Borriol, Cabanes, Castellón, Benicàsim o la Pobla de Tornesa. A las empresas propietarias de esos postes se les solicitará la identificación de los responsables de las 49 emisoras de televisión ilegales. Desde la Dirección General de Relaciones informativas aseguran que la voluntad del Gobierno valenciano es “firme” y que se llegará “hasta las últimas consecuencias” para acabar con la ilegalidad.

Fuentes del Consell reconocen que actuar contra quienes emiten de espaldas a la ley no resulta sencillo. A la falta de inspectores, se une el hecho de que detrás de una parte importante de las televisiones ilegales se encuentran empresas ficticias. Por eso se ha decidido actuar contra las compañías propietarias de los repetidores que, en algunos casos, dan cobertura a decenas de emisoras piratas.

Por lo general se trata de instalaciones que ni siquiera cumplen con los requisitos para ejercer su actividad, simples casetas no regularizadas por los respectivos ayuntamientos y que incluso toman la energía eléctrica de forma ilegal. “A pesar de las grandes dimensiones de las antenas instaladas, lo curioso es que han pasado inadvertidos a lo largo de todos estos años, un tiempo en el que han obtenido cuantiosos beneficios al traficar con las frecuencias”, explican desde la Dirección General de Relaciones Informativas. De hecho, tal es el despropósito, que incluso muchos de esos canales han invadido el espacio de las emisoras de carácter legal, provocándoles incluso interferencias. H