El Consell se propone reforzar las vías de diálogo con el sector de la cerámica para amortiguar y anular, en su caso, cualquier impacto social y económico de la nueva tasa sobre los envíos de residuos a vertederos industriales, un canon recogido en la ley de acompañamiento de los presupuestos para el 2018 que fue aprobada el pasado miércoles en Les Corts Valencianes.

Para ello, el gobierno que preside Ximo Puig convocará para los primeros días de enero a la Mesa de la Cerámica, donde se establecerán los criterios que deben marcar el futuro desarrollo en la aplicación de este nuevo gravamen y cuyo objetivo es anular cualquier

afección sobre los costes y la competitividad de «un sector estratégico para la economía de la provincia», tal como informaron ayer a este diario fuentes de la Administración autonómica.

El nuevo impuesto, que se prevé comience a implantarse a principios de julio del 2018, conlleva una tramitación previa que, desde Generalitat valenciana, se prevé sea determinante para establecer «medidas paliativas lo suficientemente eficaces para no dañar al sector», según explican las mismas fuentes, que reiteran la voluntad del presidente Puig de reforzar el diálogo con el sector a través de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer).

VALORIZACIÓN // Para la industria afectada por esta medida, como es el caso de la cerámica castellonense, las formas «han impedido un proceso transparente de debate con los sectores sobre la conveniencia de incluir nuevas cargas impositivas a la industria», según señalaron ayer fuentes de la patronal, por lo que la Generalitat quiere restablecer mecanismos que refuercen el diálogo con sectores como el azulejo y afines.

La nueva tasa aprobada en Les Corts grava especialmente la valorización de los residuos, cuando es un sistema que minimiza el volumen de residuos de las fábricas mediante la combustión y que permite aprovechar de nuevo la energía que se genera en todo este proceso, tal como recordó ayer la patronal autonómica CEV.

Finalmente, desde la oposición, la secretaria general del PP castellonense, Elena Vicente-Ruiz, lamentó ayer lo que considera el «continuo hostigamiento del Consell a la provincia» y tachó este canon a los residuos de un nuevo ataque al tejido productivo.