El Consell peina la provincia con 275 controles en viveros y plantaciones para prevenir brotes de xylella, conocida como el ébola de los olivos. Los análisis realizados en las ocho comarcas de Castellón han dado hasta la fecha negativo. Según confirmó ayer la consellera de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático, Elena Cebrián, en Castellón no se han detectado insectos vectores.

Tampoco se ha hallado xylella en València, donde se han llevado a cabo 1.070 controles. Los únicos positivos se han dado en Alicante, con 14 hectáreas afectadas y 300 árboles infectados.

Cebrián se reunió ayer con una veintena de alcaldes de la provincia, así como con representantes del sector agrícola de Castellón, para informar acerca de las actuaciones realizadas para combatir la propagación de la bacteria.

DUDAS // El encuentro fue organizado en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en el que los primeros ediles plantearon sus dudas a la consellera y en el que la Unió solicitó indemnizaciones para los agricultores afectados, así como más recursos para potenciar la vigilancia y la investigación del ébola de los olivos.

El secretario general de la Unió, Ramón Mampel, aseveró que a la Comunitat «no le queda otra que cumplir la normativa europea y el plan de contingencia», y aceptar que cuando se encuentra un positivo por la enfermedad hay que destruir el material vegetal que hay en 150 metros a la redonda para frenar el avance de esta infección. Sin embargo, este es un «problema de Estado», dijo Mampel, quien incidió en que el Gobierno central «es quien tiene línea directa con Bruselas». Desde la organización agraria recordaron que la xylella «no es la única amenaza para el campo». «También tenemos el greening en los naranjos, que nos puede arruinar», añadió.

Cebrián explicó que al Consell le preocupan «especialmente los olivos milenarios» y destacó que las ayudas para los damnificados están cofinanciadas por la Generalitat, la Comisión Europea y el Ministerio, a quien solicita un «apoyo financiero explícito» para lo que considera «una cuestión de Estado». El Consell estudia ahora, junto con la Universitat Politècnica de València, a cuánto deben ascender las indemnizaciones.