La Generalitat presentó ayer su propuesta para tratar de anticiparse a una posible «burbuja del alquiler». Para ello, delimitó 51 zonas de la Comunitat con un mercado de alquiler «tensionado», cinco de las cuales se encuentran en Castellón. En todas ellas, el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana, presentado ayer, establecerá unos precios de referencia que permitirán que los propietarios puedan estar sujetos a bonificaciones fiscales.
Pese a que el grueso de afección se sitúa en el área metropolitana de València, en la provincia las zonas en las que el Consell corrobora que existe una combinación de precios que han escalado un 20% en dos años y poca oferta de arrendamiento se encuentran en la capital de la Plana (2), Vila-real, Benicàssim y Almassora. En estas zonas (y no en todo el término municipal), el precio máximo recomendado por la Conselleria es de 878 euros en el caso de los pisos de 200 metros cuadrados que estén construidos a partir del año 1981. Para un inmueble de 100 metros cuadrados, la tasación máxima que realiza el ejecutivo se sitúa en 514 euros.
Aquellos propietarios que tengan sus viviendas en estas zonas y se acojan a los precios marcados podrán deducirse hasta un 5% del tramo autonómico del IRPF, con un importe máximo que llega a 3.000 euros anuales.
En Castellón, el valor medio de los arrendamientos se sitúa en los 500 metros, según explicó recientemente a Mediterráneo el gerente de la inmobiliaria Marvi, Tomás Marco. No obstante, sí existen zonas donde se pueden encontrar precios por encima de las sugerencias del Consell. Un ejemplo es el PAU Lledó, donde los arrendamientos pueden llegar a los 1.200 euros. Asimismo, existen viviendas en la avenida Rey don Jaime donde se pueden llegar a pagar 900 euros.
SEGUNDO ESCALAFÓN // Los municipios de Castellón y su área metropolitana no son los únicos en los que el observatorio propone unos valores máximos. En zonas concretas de municipios como Burriana, la Vall d’Uixó, Onda y todo el litoral norte de la provincia los arrendamientos han subido entre un 10% y un 20% desde el 2016, por lo cual los precios por debajo de los cuales los propietarios se podrán acoger a las bonificaciones van desde los 468 euros mensuales para los pisos de 200 metros cuadrados y los 316 euros para los inmuebles que tengan 100 metros cuadrados.
SEGUIMIENTO // La consellera de Vivienda, María José Salvador, presidió la constitución de un observatorio que tiene como objetivos «realizar un seguimiento de la situación habitacional y de los recursos públicos y privados para elaborar un sistema de indicadores sobre la vivienda».
Según Salvador, el establecimiento de este índice de referencia busca actuar como un mecanismo de «prevención ante la burbuja del alquiler».
