El Consell ha recuperado en Castellón 143.075 euros del dinero expoliado en el caso Cooperación, al recibir la propiedad de un piso, con trastero y plaza de garaje situado en la calle Carcagente de la capital, que fue embargado a Marcial López, quien presidió el Colegio de Enfermería de la provincia y fue alto cargo de la Fundación Cyes, desde la que se desviaron fondos públicos de la Conselleria de Bienestar Social, en los años que estuvo dirigida por Rafael Blasco, ahora en prisión.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) informó este martes de la adjudicación a la Generalitat valenciana de las fincas de López, condenado a tres años y nueve meses de cárcel por el desvío de fondos.
Este embargo fue ejecutado por el Juzgado de Instrucción número 21 de València, en el marco de una pieza separada por responsabilidad civil, en el que se acordó el embargo preventivo de bienes, a López y otros procesados, por importe de 1,9 millones de euros. Al castellonense se le incautaron dos propiedades que fueron tasadas en 204.393 euros y posteriormente subastadas, si bien la puja más alta -64.390 euros- resultó inferior al 70 % del valor y se dejó sin efecto. El juzgado ofreció la posibilidad al condenado, el pasado mes de marzo, de presentar a un tercero que mejorase la oferta, ofreciendo más del 70 % del valor de tasación de las viviendas, lo que no efectuó, han informado las mismas fuentes.
Por diligencia de ordenación del pasado 20 de abril se concedió a la Generalitat valenciana el plazo de cinco días para poder pedir la adjudicación de las fincas por el 70% de su valor de tasación o por la cantidad que se le debe por todos los conceptos.
Finalmente, la representación legal de la Generalitat solicitó la adjudicación de los bienes por ese 70% del valor de tasación, acompañando certificación del acuerdo del Consell de la Generalitat del pasado 3 de mayo.
El valor de los bienes de López en Castellón se suman a 800.000 euros recuperados por igual procedimiento a través de la propiedad de tres pisos en València. La cifra total que ha revertido a la Generalitat es de 1,3 millones de euros, ya que se rescataron también para el erario público 217.000 euros en metálico.
