La Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural ultima la ley con la que, por fin, regulará a la inmensa mayoría de la ganadería castellonense. «Más del 80%» de la cría de animales para consumo humano de la provincia se realiza mediante integración ganadera», estima el responsable técnico de esta rama de la Unió, Francis Ferreres. Y, desde que se implantó este sistema en la provincia, allá por los años 70 --«fuimos de los primeros de España», afirma Ferreres--, no se ha regulado específicamente.

Tras aprobarlo el pleno del Consell en diciembre, el anteproyecto de Ley de contratos de integración de producción ganadera tiene ya el dictamen del Consell Econòmic i Social y está a la espera del Consell Jurídic Consultiu. «En septiembre lo tendremos y enviaremos la ley a Les Corts», señala el director general de Ganadería, Roger Llanes.

Avances que aplaude el sector. «Llevamos muchos años reivindicando una regulación», señala Ferreres. Y es que casi la totalidad de los cerdos para engorde, los pollos y el más de millón de pavos que se crían en las comarcas castellonenses (sobre todo del interior) lo hacen bajo este método. Supone aproximadamente un PIB, a su salida de granja, de 215 millones de euros para la economía provincial, estima la Unió.

Dadas las cifras, y con lo arraigado del método en Castellón, donde hay «muy pocas empresas integradoras» --la más importante es La Florida, señala Ferreres, dedicada a la ganadería aviar--, la mayoría de las relaciones son con firmas de otras zonas. Por ello la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, ve «muy importante una normativa que regule esta relación para salvaguardar la figura del ganadero, la más débil».

Y es que este método consiste en que la compañía integradora proporciona los animales, la alimentación, los medicamentos y asesoramiento y los ganaderos los crían en sus instalaciones y con su trabajo, lo que ahora se pretende definir exactamente.