La Conselleria de Agricultura se aferra ahora a otra normativa legal para seguir exigiendo la licencia para pescar a los 5.000 aficionados que tiran las cañas al mar desde muelles o playas en la provincia de Castellón. La Conselleria seguirá gestionando las autorizaciones a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat haya requerido a este departamento autonómico para que suspenda de inmediato la aplicación del artículo nº 5 del decreto 41/2014 del Consell, que establecía que para poder practicar la pesca marítima de recreo desde tierra se tenía que estar en posesión de una licencia de actividad expedida por la Conselleria.

Y lo hará, según aseguraron ayer fuentes del departamento autonómico, en base a otra ley, la 7/2014, por entender que es de rango superior al decreto anulado. Según las mismas fuentes, “la ejecución provisional de la sentencia, según entienden los letrados de la Generalitat, hace referencia al artículo 5 del decreto 41/2013, y es a ese artículo de ese decreto el que afecta la no incoación de nuevos expedientes sancionadores o a la exigencia de licencia en base a ese artículo”.

Para la Generalitat, “lo que dice el juez es que ese decreto no tenía suficiente rango legal para respaldar la emisión de la licencia de pesca recreativa marítima”. Algo que, indican, queda subsanado con la ley 7/2014 de la Generalitat que desde el 1 de enero del 2015 está en vigor y que dice que “para el ejercicio de la pesca recreativa desde la costa será necesario estar en posesión de la licencia de la misma Conselleria, que autorizará a su titular a ejercer esta modalidad, a pie desde la costa, o desde cualquier artefacto flotante no inscrito en la lista correspondiente del Registro Oficial de Buques”. Por ello, consideran que es preceptiva la obtención previa de la licencia para esta modalidad pesquera.

El presidente de Dirección Territorial en Castellón de la Federación de Pesca de la Comunitat, Juan Antonio Barreda, insiste en que ellos entienden “que la licencia no es exigible” y le parece una “absoluta incongruencia” la decisión de la Conselleria de “sacarse otra norma”. “No nos parece lógico; que ellos hagan lo que quieran, nosotros ya lo remitiremos a la asesoría jurídica para que efectúe un dictamen”, argumentó ayer jueves Barreda. H