Conselleria y Ministerio desoyen las críticas sobre justicia en Castellón

Sin soluciones, a pesar del clamor de la judicatura, la abogacía, los sindicatos y la Unión de Consumidores por el abandono de la justicia de Castellón. Ni la Conselleria ni el Ministerio plantean acciones que palíen la inoperatividad y los colapsos ante la falta de medios humanos y materiales, las múltiples incidencias que provoca el sistema digital actual y la escasez de juzgados.

El departamento que dirige Gabriela Bravo, responsable de las maltrechas infraestructuras y del fallido programa Cicerone, no sustituirá el sistema telemático que tantos problemas está ocasionando hasta el 2018. Y es que, según explicaron ayer fuentes de Conselleria a este diario, aunque tienen una alternativa, necesitan saber antes «qué va a hacer el Ministerio con sus sistemas Minerva y LexNet». Según la Generalitat, no será hasta finales de año cuando se convoque el comité técnico estatal de la Administración Judicial Electrónica, por lo que hasta entonces Castellón parece estar condenado a lidiar con el caótico sistema actual.

MADRID SE DESENTIENDE / Sin embargo, el Ministerio de Rafael Catalá sostiene que la mala interacción entre LexNet y Cicerone no es un problema achacable al primero de ellos, «puesto que la aplicación del Ministerio se conecta de la misma manera y sin incidencias con otros sistemas de gestión procesal de otras autonomías», tal y como explicaron a este diario fuentes ministeriales.

En relación a la falta de juzgados en la provincia, el futuro tampoco parece demasiado halagüeño. Y es que, aunque los jueces reivindican siete nuevos órganos para Castellón, Vila-real, Nules y Vinaròs, lo cierto es que el Ministerio solo contempla crear dos de ellos y ni siquiera es definitivo que los implante.

EN ESTUDIO / El Ministerio realizó una propuesta inicial de creación, solicitando un informe al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas. Dicha proposición contempla poner en marcha el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Castellón y el de Primera Instancia e instrucción nº 5 de Nules, pero supedita su creación a la disponibilidad presupuestaria.

Del resto de órganos judiciales demandados, ni rastro. El Gobierno no valora, ni siquiera, impulsar tan reivindicado quinto juzgado de lo Penal para Castellón, cuyas obras ya han sido adjudicadas. La consellera Bravo asevera que si Madrid no autoriza su creación, acometerá los trabajos de acondicionamiento de igual modo para albergar otras dependencias judiciales. Los desencuentros entre ambas administraciones siguen sucediéndose, mientras Castellón acumula una acuciante falta de medios.