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el contrato incluirá cláusulas negativas

La constructora de la CV-10 cobrará en base a su seguridad

Si entra en el plan de Fomento, el Ministerio enviará el proyecto a la Unión Europea este año

 

A la altura del aeropuerto, la CV-10 se convierte en autovía en su recorrido hacia el sur. - MEDITERRÁNEO

RAMON OLIVARES RUIPÉREZ
22/10/2017

La empresa encargada de materializar la prolongación de la CV-10 hasta la Jana cobrará, a lo largo de los 30 años de concesión, en función de diferentes factores, entre ellos la seguridad de la infraestructura, medida en base a los índices de siniestralidad, según ha podido saber Mediterráneo.

Esto sería así en el caso de que la carretera fuese incluida finalmente en el Plan extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC) con el que Fomento pretende llevar a cabo obras en los próximos años por valor de 5.000 millones de euros y que contará con la garantía de la Unión Europea, a través del Plan Juncker, como este diario ya ha informado.

Si finalmente se cumple esta previsión, la compañía que se encargará de redactar el proyecto, construir la infraestructura y gestionarla, con su mantenimiento incluido, durante 30 años, cobrará un canon mensual para el cual se incluirán en el contrato --igual que en el resto de obras-- varios condicionantes que pueden aminorar el montante a pagar.

Y es que esto se fundamentará en el estado de la carretera, la calidad del servicio y la seguridad viaria, además de la inversión. Y, para calcularlo, se evaluará el estado del pavimento, las marcas viales, la señalización vertical o el alumbrado. Además, también se atenderá a la limpieza de la calzada y el entorno, la siniestralidad o si tiene tramos de concentración de accidentes, además de la atención a incidentes.

Cuatro niveles

Para ello se establecerán cuatro umbrales de servicio: satisfactorio, mejorable, precario e inaceptable. Si se alcanza este último, la empresa concesionaria deberá llevar a cabo las correcciones necesarias. La evaluación la llevará a cabo la Administración.

Además, si finalmente se incluye la infraestructura en el PIC, está previsto que Fomento la remita a Europa, junto con el resto de actuaciones, antes de final de año. Y es que las obras deben estar en marcha antes de que acabe la vigencia del Plan Juncker en el 2020. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya dijo a este diario que la licitación se produciría «en el ejercicio 2019».

Antes se debe obtener la declaración de impacto ambiental, un paso que el Gobierno prevé emprender el próximo mes, según ha señalado. Además se deberá superar un nuevo trámite: un estudio de viabilidad que marque que la tasa de retorno de la inversión es suficiente. El informe preceptivo lo llevará a cabo la Oficina Nacional de Evaluación y también se obtendrá informe del Consejo Asesor de Fomento.

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