La Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón estudia la forma de frenar el nuevo decreto-ley de la Generalitat para ampliar el parque de vivienda pública mediante el tanteo y retracto y analizará con abogados especialistas en la materia la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Así lo acordó ayer el colectivo, tras una reunión en la que abordaron una nueva normativa que, a su juicio, perjudica todavía más a un sector muy tocado ya por la crisis sanitaria del coronavirus.
«Vamos a explorar las posibilidades que existen para parar la nueva norma y vamos a iniciar los trámites legales. Creemos que el aprobado es un decreto ley muy intervencionista y que perjudica a un sector, el de la construcción, que ya estaba sufriendo también las consecuencias de la pandemia», afirma el presidente de la entidad, Fernando Alfonso.
Los constructores alertan de que no son pocos los compradores que están echándose atrás en el último momento ante la incertidumbre que plantea la crisis sanitaria y sus consecuencias en el mercado laboral.
«Si a eso le sumamos la norma que ha visto la luz recientemente, la compraventa de inmuebles se va a ver gravemente afectada», apunta el presidente.
Según la Generalitat, el decreto ley tiene el triple objetivo de «frenar los movimientos especulativos», proteger a las familias de ser desahuciadas y contener la su- bida del alquiler en la medida de lo posible, sin limitar la transmisión de inmuebles heredados.
El impulsor de la medida, el vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, defiende una medida que «nunca se había hecho antes» en la Comunitat y
que replica a los de comunidades como Euskadi y Baleares.
«El Botànic tiene claras sus prioridades. No podemos renunciar a este imperativo social, un derecho recogido en la Constitución y en el Estatut d’Autonomia», asevera contra la «virulencia de las críticas de la derecha, por desconocimiento o por afán de oportunismo», dice Dalmau.
Los implicados
Los representantes del sector inmobiliario en la provincia, al igual que los constructores, consideran que la norma no está bien diseñada. «El decreto seguramente tiene las mejores intenciones», indicó recientemente el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad, Francisco Nomdedéu, en declaraciones a este diario.
Misma opinión tiene el delegado en la provincia de Castellón de la Asociación Valenciana de Inmobiliarias, Joaquín Estañol. «Lo que no puede ser es que si la Generalitat tiene derecho a tanteo y retracto, pueda ejercerlo en el momento que quiera, interrumpiendo operaciones con particulares que ya están en marcha, con una inmobiliaria implicada, un banco, la documentación...», argumenta.
La medida tiene el rechazo de PP, Cs y Vox, que tildan el decreto de «inconstitucional», «sectario» y
«usurpador de competencias».
