Es una barbaridad». Así califica el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), Fernando Alfonso, el decreto ley de la Conselleria de Vivienda que se presentará para su convalidación en Les Corts el próximo día 15, que tiene el objetivo de ampliar el parque de vivienda pública mediante los derechos de tanteo y retracto por parte de la Generalitat en operaciones inmobiliarias. De hecho, de salir adelante la propuesta, desde la entidad anuncian que se opondrán a la misma acudiendo incluso al Tribunal Constitucional.
«Va a ser perjudicial para propietarios, promotores y compradores», sintetiza Alfonso, que pide que el decreto se tramite como un proyecto de ley, lo que abriría la puerta a modificaciones de un texto que, tal y como está planteado, «no tiene sentido».
La normativa da al Gobierno autonómico derecho preferente sobre la adquisición de viviendas procedentes de ejecuciones por impago de la hipoteca --incluso en el caso de que particulares hayan comenzado los trámites para su adquisición--, inmuebles de protección pública o aquellos que se transmitan en grandes operaciones inmobiliarias.
alternativas // «Si quieren vivienda pública, les emplazaría a desokupar los dos bloques de vivienda que la Administración tiene en la UJI; o a remodelar los de la calle Santa Cruz de Tenerife de Castelló», explica Alfonso.
El tema centró ayer las intervenciones de los grupos políticos tras la Junta de Síndics. El PP anunció que llevará el decreto al Tribunal Constitucional si no se tramita como proyecto de ley, ya que «no da seguridad jurídica» ni a particulares ni a empresas, explicó su portavoz, Isabel Bonig.
Desde el PSPV, Manolo Mata indicó que su grupo no hará «nada en contra» de la voluntad de la Conselleria de Vivienda, aunque reconoció que el decreto es «mejorable», pese a ser «muy bueno». Ciudadanos apunta que no se fía de la interpretación de la norma de Podem y Vox la tildó de «comunismo puro y duro».
