Las bases reguladoras de la adjudicación del préstamo a largo plazo que financiará parte de las inversiones del Ayuntamiento de Castellón para el 2017 incluirán cláusulas sociales y de responsabilidad corporativa. Con esto, el consistorio busca favorecer una economía plural en la que también participen entidades como cooperativas y bancas éticas.

En este sentido, valorarán que las entidades ofrezcan viviendas en alquiler social a cambio de una renta máxima equivalente al 30% de los ingresos netos de la unidad de convivencia, libre de ocupantes, en condiciones de habitabilidad y con alta en los suministros necesarios. El plazo mínimo de estos alquileres será de tres años a contar desde la firma del arrendamiento.

Además, también puntuarán más los bancos que no hayan realizado desalojos de domicilios habituales de personas en riesgo de exclusión.

Las bases del préstamo de 9,8 millones de euros las elaboraron la Concejalía de Vivienda, dirigida por Ali Brancal, y la de Gestión Municipal, de Antonio Lorenzo. Para Brancal, el hecho de que la administración trabaje con estas entidades permite que la ciudadanía «se conciencie y también las utilice en su vida».