El convenio europeo de Aarhus, que promueve mejoras en el derecho de los ciudadanos al acceso de la información ambiental de los organismos públicos, se ha convertido en una baza más para rebatir argumentos para quienes se oponen al trazado de la línea de muy alta tensión (MAT), que unirá en el futuro Morella y Almassora, en un proyecto que, en principio, tiene agotado el periodo exposición pública para la presentación de alegaciones.

Este convenio indica que los compromisos de los organismos públicos en materia de medio ambiente que puedan afectar a entornos urbanos o ecológicos necesitan de una difusión amplia, que aseguren su conocimiento general, de ahí que en esta materia se considere insuficiente una publicación en los diarios oficiales, como puede ser el BOE, tal como subraya la diputada de Compromís y miembro de la comisión de Medio Ambiente de Les Corts, Belén Bachero.

En este sentido, la responsable de la plataforma ciudadana, No a la MAT, Ana Palerm, señaló que es evidente que se trata de un proyecto totalmente lícito, de cuya tramitación no se duda, y este convenio nos ayuda en los argumentos, pero el futuro de esta línea de muy alta tensión «dependerá del grado compromiso social, institucional y de la flexibilidad de la empresa adjudicataria», entre otras circunstancias.

Palerm, que informó de la intensificación de contactos con responsables municipales y autonómicos a lo largo de la próxima semana, recordó que el nivel de afección de este trazado es enorme no solo en el ámbito urbano, sino también en el entorno rural, con masías habitadas por familias a muy escasos metros de donde se pretende instalar estas torres de muy alta tensión, como ocurre en zonas del Maestrat.

Con el fin de añadir elementos a su argumentario, la plataforma impulsa contactos con otros colectivos del país hoy en situaciones similares, que abogan por que estas autopistas de la electricidad aprovechen las actuales servidumbres de paso de otras infraestructuras, explican. H