El pleno de Les Corts ha aprobado hoy la ley de Función social de la vivienda, que pretende garantizar el derecho a la vivienda, busca movilizar las viviendas vacías disponibles, de las que se creará un registro, e incluye la posibilidad de expropiación forzosa del usufructo de la vivienda.

La aprobación de la ley, la primera que presentó el actual Consell, ha contado con el apoyo del PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos, mientras que el PP ha votado en contra al considerar que es norma "Frankenstein" y un "bodrio" inaplicable que no resuelve los problemas de vivienda de las personas.

La consellera de Vivienda, María José Salvador, ha recordado que la expropiación forzosa del usufructo de la vivienda la han regulado también otras autonomías, donde el Gobierno lo ha recurrido al Tribunal Constitucional, y ha pedido que no se recurra en la Comunitat, que lleva "veinte años sin política de vivienda".

La nueva ley pretende que las entidades financieras pongan sus viviendas vacías a disposición de las personas, en régimen de alquiler social, y dar cobertura a los particulares para que pongan sus viviendas a disposición de la red de alquiler autonómica, con medidas como una fianza y ayudas a la reforma y rehabilitación.

También contempla medidas para prevenir y paliar la pobreza energética, y así establece que las administraciones públicas garantizarán el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas en riesgo de exclusión residencial mientras dure esa situación.

El socialista Rafael Briet ha afirmado que esta norma, elaborada con aportaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, muestra que el Consell no quiere "quedarse al margen de los problemas de la gente", y ha defendido que complementar las políticas estatales con autonómicas "no significa interferir ni puede ser inconstitucional".

La diputada de Compromís Belén Bachero ha considerado que es "un día histórico", porque se da "un paso adelante" en la consecución de un derecho constitucional y permitirá luchar contra los desahucios mediante el alquiler social o movilizar las viviendas vacías que están en manos de bancos, fondos buitre o grandes tenedores.

Para la diputada del PP Elisa Díez, es una ley "Frankenstein" (y ha mostrado un cartel para ilustrarlo), un "monstruo" compuesto de "retales y distintas piezas, muy grande y muy torpe", que cuando se levante y empiece a andar "se desmontará y se verá que es incapaz de llegar a ningún sitio", y que se caracteriza por "la imposición y la obligación".

María José García, de Ciudadanos, ha defendido que es "primordial y fundamental" contar con una ley que responda a las necesidades habitacionales de las familias, pero esta "nace herida de muerte", porque legisla materias sobre las que no puede hacerlo, "es inconcreta y vulnera el principio de seguridad jurídica".

El diputado de Podemos César Jiménez ha agradecido las aportaciones de la PAH (miembros de la cual han seguido el debate desde la tribuna de invitados), y ha mostrado su deseo de que cuando se ponga en marcha la norma se pueda mejorar su aplicación.