Les Corts Valencianes decidieron ayer pedir al expresidente del Consell, Francisco Camps, que abandone el Consell Jurídic Consultiu (CJC) por incurrir en actos que no se corresponden con la «necesaria dignidad» para ocupar el cargo. Lo hicieron después de las declaraciones en el juicio por el caso Gürtel que señalan al exalto cargo popular como responsable de la financiación ilegal de su partido en la Comunitat, y a partir de una iniciativa de Compromís que suscribieron todos los grupos menos el PPCV, que se abstuvo.

El proceso se tramitó por la vía de urgencia y al rebufo también de la decisión del juzgado de València que instruye la causa por irregularidades en los eventos de la Formula 1 en esa ciudad de confirmar que Francisco Camps pasará por el banquillo como acusado en el caso Valmor.

No obstante, el expresident ratificó ayer a La Razón que, desde el «respeto» a Les Corts, no dejará el CJC, al que estima que «todavía» puede «aportar mucho».

INICIATIVA Y ENMIENDA // El texto aprobado, firmado por los populares para permitir su tramitación a cambio de presentar una enmienda que pidió la reforma del estatuto de expresidentes para su «despolitización» --rechazada ayer por todos los grupos menos el popular--, propone que Camps abandone el CJC «por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad». Un segundo punto señala que Les Corts apoyan todas las medidas dirigidas a recuperar «el dinero desviado en casos de corrupción». El texto solicita, además, que Les Corts asuman la «necesidad» de mejorar la ley del estatuto de los expresidentes, en este caso, para regular mecanismos de retirada de esta condición a las personas que incurran en actos y actitudes que «pongan en riesgo la dignidad y honorabilidad» de las instituciones valencianas.

En un debate atípico, ya que no hubo un encargado de defender la iniciativa impulsada por Compromís, la diputada del PPCV Mª José Catalá expuso los argumentos de la enmienda planteada por su partido. Aseguró que los populares no van a consentir convertir Les Corts en «un tribunal de honor» porque, explicó, «eso es de los tiempos del franquismo».

«ODIO, IRA Y FURIA» // Catalá insistió en la idea de que la iniciativa de Compromís, suscrita por todos (fueron 61 votos a favor y 28 en contra) responde a sentimientos de «odio, ira, furia, resentimiento y venganza», aplicados a un caso concreto, y afeó al resto de grupos que no quisieran modificar las normas para dejar fuera del Consell Jurídic Consultiu a los expresidentes porque, dijo, «es el destino de Ximo Puig».

Advirtió por otra parte de los efectos jurídicos que puede tener el que la Cámara autonómica enjuicie la dignidad y la honorabilidad, en este caso de Camps, teniendo en cuenta que este no está procesado por la financiación del PPCV ni existe una sentencia. Catalá se preguntó «qué ser superior será el que determine la dignidad u honorabilidad de unos y otros» en Les Corts Valencianes.

María José Catalá recordó que ella nunca dirá que Podem no es un partido digno por decir que Arnaldo Otegi es un hombre de paz «cuando es un asesino», o que el presidente de Les Corts, Enric Morera, no es honorable por haber sido eurodiputado con una coalición que aparece en la sentencia del caso Palau.

engaño a «sus amigos» // Por su parte, los portavoces del PSPV, Manolo Mata, y Compromís, Fran Ferri, coincidieron en destacar que la iniciativa saliera adelante sin votos en contra, y en argumentar que Camps «no puede» seguir cobrando dinero del erario público valenciano.

El socialista Mata respondió a Català que la petición de que Camps deje el CJC no responde a una cuestión de «odio, rencor o venganza», sino que gira en torno a una persona que «ya no es molt honorable» sino «un miserable» que ha «engañado y hundido a sus propios amigos».

Mientras que Ferri se pronunció en términos similares al decir que los valencianos no pueden aguantar «ni un minuto más» a personas que «han puesto en entredicho la dignidad de las instituciones», desde Podem aplaudieron la propuesta y denunciaron el «filibusterismo» de la enmienda presentada por el PPCV.

En cuanto Ciudadanos rechazó hacer «un juicio público», pero apoyó la iniciativa por la gravedad de los hechos. El diputado Juan Córdoba llamó la atención, no obstante, sobre la «doble vara de medir que utilizan quienes hoy se rasgan las vestiduras para criticar a Camps, pero arropan y mantienen como alcalde de Alicante a un imputado».