La Cosa Nostra, vinculado a las Brigadas Antifascitas de Castelló (BAF), continuará abierta hasta que se resuelva el recurso de reposición que la entidad ha presentado en el Ayuntamiento de Castellón para intentar paralizar un cierre que estaba previsto para el pasado día 1 de junio.

Una decisión que, según fuentes municipales, está motivada por los expedientes abiertos y «porque no se han adaptado a ley autonómica de espectáculos, tanto para conciliar el descanso de los vecinos con el ocio como en temas de seguridad, como pueden ser salidas de emergencia».

Desde el Ayuntamiento confirman que el domingo día 3 recibieron una queja vecinal por molestias de la entidad. Un hecho que, según relatan residentes del barrio del Raval, viene sucediéndose durante «años». Vecinos de las inmediaciones de La Cosa Nostra aducen «sucidad» y «ruidos» continuados y piden «civismo» y «lógica» para disfrutar de «una vida tranquila», concretan.

«Todos tenemos que padecer conciertos de fin de semana en un local que no está habilitado, suciedad en la calle, grafitis en las fachadas de todo el barrio, fiestas del agua en la plaza de l’Ereta y cine al aire libre en verano, unas actividades a las que no acude prácticamente nadie», critican algunos de los afectados en declaraciones a este diario.

POLÉMICOS CONCIERTOS / Vecinos del Raval desmienten que no haya críticas vecinales y aseguran que son los residentes quienes se ven obligados a llamar a la Policía Local para informar de la situación. «Una cosa es que organicen una reunión o una conferencia y otra distinta es que hagan un concierto con 100 personas o más cuando es un local que no está preparado para eso», relatan.

Los afectados sostienen, además, que el pasado fin de semana personas próximas a la asociación «dijeron a algunos vecinos que tenían conocimiento de quién había realizado llamadas y denuncias». «¿Cómo tienen esa información y quién se la ha dado?», se preguntan los residentes. Fuentes municipales niegan haber proporcionado dato alguno.

Desde La Cosa Nostra critican la orden de clausura, al considerar que la decisión es «injusta y arbitraria» y que se trata de una «decisión política» de un Ayuntamiento que «desestima las alegaciones», en las que aportan «toda la documentación» que regulariza su sede. Desde el consistorio aseveran que «en ningún caso se trata de una persecución política, sino de aplicar la norma».