Ninguna de las grandes localidades de la provincia que se comprometieron a luchar contra los desahucios al cambiar la corporación municipal ha sido capaz de crear la bolsa de vivienda social que pretendían. Como ayer reconocía la concejala de Vivienda de Castellón, Ali Brancal, en este diario, sus colegas de Vila-real, Burriana, Onda, la Vall d’Uixó, Vinaròs y Benicarló confirman que no han podido conformar este parque público de pisos con el que minimizar la pérdida de la residencia habitual.
El concejal de Servicios Sociales de Vila-real, Álvaro Escorihuela, señala que los bancos «no quieren ni oír hablar de vivienda social» a pesar de que el Ayuntamiento se comprometió a reparar posibles desperfectos. Y parecido sucede con los particulares.
La Vall d’Uixó ha negociado con las entidades bancarias la cesión de alguno de los, al menos, 354 inmuebles vacíos con que cuentan en la localidad, pero no han cedido ninguno. Tampoco en Burriana, Benicarló u Onda --que dispone de 60.000 € en su presupuesto para comprar casas en el centro histórico para dedicarlas a este fin-- ha sido posible habilitar ninguna vivienda. Ante ello, Onda ha firmado «un convenio con la parroquia San Bartolomé para solucionar problemas urgentes o puntuales», afirma la teniente de alcalde de Política Social, Mari Carmen Aguilella.
Así, solo las 78 viviendas públicas de la Generalitat en la provincia pueden destinarse a fines sociales. Ya ha remodelado 74 y al menos 63 ya albergan a familias sin casa, señalan desde la Conselleria de Vivienda, que además ha gestado la ley de función social de la vivienda para coordinar a los ayuntamientos.
ayudas y asesoramiento // Las actuaciones de los consistorios para minimizar el drama de los desahucios se centran en facilitar ayudas sociales para pagar un alquiler. Son fondos que fundamentalmente provienen de la Generalitat, aunque los ayuntamientos también pueden aportar dinero. En Onda se han beneficiado «60 familias», dice Aguilella.
Los ayuntamientos también asesoran a través de sus oficinas municipales de vivienda y, gracias al convenio con el Colegio de Abogados de Castellón --que por ejemplo Benicarló renovó en diciembre-- ofrecen a las familias alternativas y mediación frente a diferentes problemas. También Burriana actúa en este sentido, aunque no pueden cuantificar a cuanta gente ha asesorado.
Sobre los protocolos para actuar justo antes de los desahucios, su aplicación varía. En Vila-real, reciben comunicaciones «por fax» de los alzamientos y «no se han producido muchas» en el medio año de Escorihuela en Servicios Sociales. Desde Onda señalan que hace «dos años» que no se produce ningún desahucio y en Vinaròs solo una vez el juzgado ha contactado con servicios sociales. El resto no ha dado datos. Informan J. Martí, N. Escrig, X. Flores, E. Sanz y M.J. Sánchez.
