El Defensor del Pueblo ha constatado en su reciente informe anual entregado al Congreso y al Senado el problema de la pérdida de consultas y citas médicas que sufren los presos de centros penitenciarios como el de Albocàsser (Castellón II) o Villena (Alicante II).
Asimismo, también advierte de la falta de médicos en ambas prisiones, por lo que insta al ejecutivo central a tomar medidas.
El documento advierte de que en estas cárceles, como en otras situadas en distintos puntos del territorio español, existe un porcentaje «llamativo» de consultas programadas y no realizadas de las que no resulta posible conocer el motivo de suspensión.
El amplio informe destaca que estas disfunciones «no son una mera molestia o incomodidad, sino que repercuten de forma directa sobre la salud de las personas privadas de libertad».
