El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, cesa el próximo lunes --día 4-- en su cargo tras finalizar el mandato de cinco años que inició en el 2012, cuando sucedió a Javier Carceller, al que venció por seis adhesiones a tres del Consejo Fiscal en la última votación.

Aunque dicha vacante todavía no se ha publicado en el BOE, su intención es la de presentarse a la reelección. Así lo ha confirmado en declaraciones a Mediterráneo el propio Cuesta, quien permanecerá como fiscal jefe en funciones hasta que la plaza salga a concurso. El final de su mandato llega días después de hacer público el decreto de archivo del caso de las facturas del Hospital Provincial, una de las investigaciones más destacadas del último lustro. Bajo su mandato se celebró también el juicio contra el expresidente de la Diputación Carlos Fabra, condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal.

Entre sus principales logros, Cuesta destaca la creación de la oficina fiscal, por la que apostó desde el principio para conseguir un nuevo y mejor sistema organizativo del Ministerio Fiscal.

Al cargo de fiscal jefe provincial podrán optar representantes de toda España y, por supuesto, también aquellos de la provincia que lo deseen. En las últimas elecciones se midieron Cuesta y otros cuatro candidatos --Carceller, el entonces teniente fiscal, Juan Salom (ahora en València); el fiscal decano y delegado de Violencia Sobre la Mujer, Francisco Sanahuja; y María Díaz, al frente de Discapacidades y Tutelas--.

El todavía fiscal jefe, considerado de corte independiente, ya optó al cargo en el 2007 cuando el voto del exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decantó la balanza hacia Carceller --de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)--, después de haber empatado Cuesta y él a votos. Entonces pudo nacer la tensión entre Conde-Pumpido y Cuesta, cesado como fiscal delegado de Menores por «falta de confianza».

PRÓXIMOS PASOS / El lunes se hará efectivo el final del mandato y el BOE publicará próximamente la plaza vacante, estableciendo un plazo para la presentación de candidaturas. Los aspirantes las remitirán a la Fiscalía General del Estado y, cumplido el plazo, el Consejo Fiscal llevará a cabo la votación, cuyo resultado traslada el fiscal general del Estado al Consejo de Ministros.