La Plataforma Antifracking de Castellón (PAF) denunció ayer que el Gobierno pretende “sobornar” a los propietarios de terrenos en los que se han pedido permisos para la búsqueda de petróleo con el sistema de fractura hidráulica (fracking) al convertirlos en accionistas a los que no habrá que expropiar sus tierras.

Desde la PAF interpretan así los cambios que prepara el Ministerio de Industria y Energía, del que es titular José Manuel Soria, en la ley de hidrocarburos para incentivar esta práctica extractiva. Entre ellos, se trataría de hacer partícipes del proyecto como accionistas a los propietarios de los suelos y subsuelos donde se explore la existencia de hidrocarburos, de modo que, en vez de ser expropiados y recibir un dinero a cambio, serán integrados en el proyecto, con derechos societarios, participando de los rendimientos de la futura explotación. Para la organización castellonense, “es un intento de romper el amplio posicionamiento mayoritario en contra del fracking que se está instalando en la sociedad”.

La PAF añade que los municipios afectados, “ya no tendrán solo un enemigo focalizado como hasta ahora que era la empresa destructora del territorio, si no que, además, a sus propios vecinos y vecinas que sucumban a esta gran farsa y mentira y cedan sus tierras para el fracking”. H