La prolongación de la autovía CV-10 desde Benlloc hasta la Jana pierde el primer tren que podría haber derivado en sus obras. El anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció justo antes de dejar el cargo la próxima licitación --«del 1 al 15 de junio», dijo-- de dos proyectos en base al Plan extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), en el que también ha sido incluida la actuación en la provincia. A falta de lo que vaya a hacer el nuevo titular de la cartera estatal de Infraestructuras, José Luis Ábalos, con el PIC que presentó Rajoy, el anuncio de su predecesor era una oportunidad para la CV-10 y también para las otras dos obras.

Una, que hace referencia a Murcia, fue comunicada la primera, pero la otra, que se refiere a la construcción de un tercer carril en la autovía A-7 entre Crevillent (Alicante) y Alhama (Murcia) fue anunciada por Rajoy tres semanas después de confirmar en la inauguración oficial del AVE a Castellón que la obra provincial también se incluiría en el PIC, como informó Mediterráneo.

El motivo de que el proyecto castellonense haya sido adelantado está en la «multitud de precisiones ambientales» que ha solicitado la Conselleria de Medio Ambiente, señala el portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Miguel Barrachina. Según el diputado castellonense, tras enviar dos cartas en el 2017 a la Conselleria para solicitar su opinión sobre los estudios, «en febrero» de este año remitieron la respuesta «solicitando más exigencias, que están siendo respondidas».

Hasta que esto no suceda, y la Conselleria de Medio Ambiente emita un informe favorable a los informes, como ya ha hecho la de Obras Públicas, no se puede cerrar el pliego por el que saldrá a licitación el proyecto constructivo, la ejecución de la obra y su mantenimiento durante 30 años por un montante de 434 millones de euros. Y es que, apunta Barrachina, la Unión Europea, que financia el PIC en base al plan Juncker, exige el acuerdo con la comunidad autónoma para llevar a cabo las actuaciones.

Así, una vez se tenga el consentimiento de Medio Ambiente, se publicará el informe de viabilidad económica y social de la infraestructura, necesario para ejecutar el proyecto en base al modelo de pago por disponibilidad (que establece un canon mensual por el uso y la seguridad de la infraestructura durante los 30 años de concesión). Otras cuatro obras se harán igual en España.