L a decisión de la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de permitir a los ayuntamientos que lo deseen poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones que no serán devueltos de forma inmediata en proporción a la cantidad entregada por los consistorios, divide a los alcaldes de la provincia de Castellón, tal y como pudo comprobar ayer Mediterráneo . Esta medida contó con los 12 votos a favor del PSOE, otros 12 en contra (PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos) y una abstención del grupo municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns.

Si bien alguno de los primeros ediles consultados califican este acuerdo de «positivo», otros creen que es «un despropósito total».

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, afirmó a este respecto que es fundamental que «se siga contando con los municipios» y destacó que hace falta una financiación más justa que redunde en los servicios municipales, y ese es uno de los «retos», subrayó. Además, recordó que el Ayuntamiento de Castelló ya aprobó destinar el superávit a políticas sociales y a la amortización de deuda.

Por su parte, la máxima representante municipal de Benicarló, Xaro Miralles, afirmó que a falta de conocer más detalles de la medida, le parece «positiva», aunque tienen que profundizar «en cómo llevarla a cabo y analizar qué repercusión tendrá para el Ayuntamiento de Benicarló». Miralles dijo también que se reunirá con los técnicos para hablar sobre esta decisión del Ejecutivo central.

Guillem Alsina, alcalde de Vinaròs, no comparte la decisión de la FEMP. «Nosotros planteamos en mayo al Estado, dentro del contexto del covid-19, que nos permitiera gastar los remanentes de la forma que considerábamos más conveniente los ayuntamientos», dijo. «Y ahora son ellos los que nos marcan las partidas en las que nos tenemos que gastar nuestros remanentes. Es una oportunidad perdida para recuperar la autonomía municipal en cuanto al destino de los remanentes se refiere», afirmó.

Susana Marqués, alcaldesa de Benicàssim, se mostró my crítica con este acuerdo: «Es un despropósito total que los consistorios que hemos estado gestionando bien y que hemos hecho todo lo que nos han pedido, que tengamos que costear ahora, con el ahorro de nuestros vecinos, lo que el Gobierno ha hecho mal». «Eso sí, ellos sí que se han subido en 66 el número de nuevos cargos. Se trata de una incautación en toda regla», prosiguió en su valoración la primera edila benicense.

Para Clavell, esta operación «de confiscación que Sánchez pretende perpetrar «es un saboteo en toda regla a los ayuntamientos, que han sido los que han estado en primera línea de batalla contra el coronavirus», añadió el popular. H