Una de las asignaturas pendientes que se ha marcado el Gobierno del Botànic IIes aprobar una nueva ley del juego que regule el acceso a este tipo de actividades en un momento en el que la ludopatía es un problema social a combatir, especialmente, entre los jóvenes. Las enmiendas a la normativa están encima de la mesa. Hoy acaba el plazo de presentaciones. Una de las propuestas más controvertidas es la formulada por Compromís, en la que plantea prohibir las máquinas de apuestas en locales de hostelería, como ayer publicó este diario. Castellón cuenta con 596 dispositivos de esta índole, según el último informe anual del juego de la Comunitat Valenciana.
La medida no gusta ni entre los expertos en las adiciones ni en la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunitat (Andemar), aunque desde puntos de vista muy dispares. Patim, entidad referente en la prevención y tratamiento de todo tipo de adicciones, lo tiene claro. Es necesario regular y limitar el acceso a este tipo de máquinas, pero rechaza que se deban vetar.
«Lo más sencillo es prohibir algo, pero es más necesario proteger a la ciudadanía, porque esta medida llevaría a la aparición de casas clandestinas y no sería la solución», señala el presidente de Patim, Francisco López. En este sentido, considera necesario extremar los controles y plantea exigir a los locales un informe de idoneidad sobre la ubicación de las mismas, de acuerdo al contexto social y geográfico, y un sistema de identificación para evitar el acceso de los menores.
El secretario general de Andemar, Miguel Ángel González, defiende «políticas del juego responsable y la tolerancia cero en el acceso de los menores», pero insiste en que los hosteleros ya se encargan, como sucede con la venta de alcohol, de controlar que los chavales no usen las máquinas de apuestas en los bares. «Prohibirlas es una medida desproporcionada porque la incidencia en los menores es escasa o nula», dice.
