Los retrasos en los juzgados de lo social, el exceso de ruido generado por la autovía CV-10 a su paso por la localidad de la Pobla Tornesa, diversos episodios ocurridos en la cárcel Castellón II de Albocàsser, como fue la interrupción del suministro eléctrico, o la reclamación de un usuario del transporte ferroviario, que fue sancionado con 60 euros al considerarse que el tiquet que llevaba encima no se correspondía al trayecto que estaba utilizando, componen algunas de las quejas castellonenses que ha gestionado el Defensor del Pueblo a lo largo del pasado año, según se señala en el informe que el alto comisionado hizo público ayer.
La oficina que preside Soledad Becerril se hace eco de las carencias que en materia de justicia padece Castellón, especialmente en lo que se refiere al juzgado de lo social, para el que solicita que se dote de los medios suficientes que garantice una atención de los usuarios. Con este propósito ha emitido una resolución que, a modo de recomendación, ha dirigido al Ministerio de Justicia.
Del mismo modo, la Defensora del Pueblo solicita que se adopten medidas correctoras del ruido generado por la CV-10 en el término de la Pobla Tornessa, al tiempo que da la razón a un usuario de un tren de media distancia, quien había sido sancionado por no llevar el tíquet adecuado. H
