La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que el proyecto del Ayuntamiento de Castellón de convertir el antiguo edificio de Hacienda en un nuevo contenedor cultural se ajusta a lo que se estableció en el convenio firmado entre el consistorio, la UJI y el Ministerio de Economía Hacienda en época del gobierno del PP. De este modo, da por finalizada la investigación que había comenzado a instancias de tres federaciones vecinales.
En el origen del conflicto está la importante modificación establecida por el actual equipo de gobierno respecto al proyecto anterior, que contemplaba un espacio para colectivos vecinales en el inmueble. Y es que el bipartito, junto a la UJI --con quien comparte titularidad--, reservará el edificio para usos culturales, eliminando dicha prestación para las asociaciones locales.
Por ello, desde las federaciones --Federación de Entidades Ciudadanas y Consumidores, Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y Coasveca-- presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo, ya que denunciaban que se vulneraban las condiciones del convenio de cesión del espacio por parte del Ministerio.
Sin embargo, la resolución de este organismo refleja que “no parece que ese inmueble se vaya a destinar a actividades distintas de las previstas cuando dejó de ser la antigua sede de Hacienda”, por lo que considera “finalizadas” todas las actuaciones.
con el ayuntamiento // La institución --que tiene carácter consultivo, no ejecutivo-- se une de este modo a la tesis defendida por el bipartito, que considera que el requisito de “participación ciudadana” y de uso vecinal que refleja el convenio se cumple igualmente con el proyecto actual. H
