El Defensor del Pueblo urgió ayer, en su memoria del 2018, a «remover la conciencia de la sociedad» y otorgar la protección rápida y eficaz de los hijos de las víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres. Lo dice tras denunciar los fallos en el sistema de protección de víctimas con motivo del asesinato de dos niñas por su progenitor en Castelló.
Asimismo, el órgano alerta de demoras para la jura y posterior inscripción de la nacionalidad, que llegan a superar los dos años desde la resolución de la concesión, como en el Registro Civil de la capital de la Plana.
El balance refleja un incremento de las quejas en la provincia, de 276 a 287, casi un 4% más.
También hace referencia a una reclamación por el excesivo ruido generado por la carretera CS-22 (accesos al puerto) y por la falta de pantallas acústicas, por lo que se ha iniciado el trámite con la red de carreteras del Estado.
La interrupción de las obras del colegio Regina Violant de Almassora también generaron una protesta al síndico estatal.
A su vez, aconseja al Ayuntamiento de Castelló que actúe en relación con la comunicación de molestias generadas por las collas durante la Magdalena. Otra va dirigida al consistorio de Sot de Ferrer, incitándole a cursar un expediente sancionador contra Iberdrola por carecer de licencia un transformador.
