La delincuencia es un fenómeno universal y casi tan viejo como la misma humanidad. Y, pese a ello y a las elevadas cifras de criminalidad, siempre cuesta entender porqué hay personas capaces de asaltar un negocio, robar en una vivienda o maltratar a su pareja. Y cuesta más todavía si el acusado tiene un rostro angelical y un DNI que acredita que todavía no ha cumplido los 18 años.

Pese a lo asombroso del fenómeno, los delitos y faltas protagonizados por menores de edad van a más en Castellón. O, al menos, cada año engorda el número de condenados en sentencia firme. Solo en el 2015, un total de 260 adolescentes de la provincia se sentaron en el banquillo de los acusados con un veredicto claro: culpables. La cifra supone todo un récord y un 18% más que durante el 2014, cuando los penados ascendieron a 220, según los último datos el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero es que, además, casi el 30% de los condenados (75 en números absolutos) son viejos conocidos de las fuerzas de seguridad. O lo que es lo mismo: no es la primera vez que son detenidos por la policía o abandonan el juzgado con una sentencia condenatoria.

Pese a que la inmensa mayoría de los jóvenes delincuentes de Castellón tienen 16 ó 17 años (entre los dos suman 142 condenados), cada vez es más abultaba la cifra de penados de tan solo 14 años. En el 2015 fueron 43. Un año antes la cifra ascendió a 28. Y otro apunte más: la inmensa mayoría de los condenados por delitos son chicos (78%).

MEDIDAS DE INTERNAMIENTO // Pero, ¿qué les ocurre a esos menores una vez son condenados por un juez? La ley establece varias medidas y la mayoritaria en Castellón es la libertad vigilada. Le sigue la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Aunque no es la medida más común, un porcentaje de los adolescentes procesados acaban internados en el centro Pi Gros de Castellón. «El internamiento está destinado a aquellos menores que cometen delitos de mayor gravedad o ante la reincidencia delictiva, casos en los que se necesita una intervención global específica en un ámbito estructurado que facilite la adquisición de habilidades que posibiliten posteriormente la reinserción del menor en la sociedad», argumenta Rubén Simó, que es director de un centro adscrito a la Conselleria de Igualdad.

Entre las causas que llevan a un juez de menores a ordenar el ingreso de un chaval de 16 ó 17 años en un centro de internamiento destacan, mayoritariamente, la comisión de delitos de naturaleza patrimonial (robos con fuerza o intimidación). «En los últimos años también se han incrementado considerablemente la imposición de medidas de internamiento debidas a la comisión de delitos relacionados con conductas de violencia intrafamiliar», añade Rubén Simó.

Una vez en Pi Gros, y tras una evaluación específica, , se diseña un plan de intervención individualizado que incluye actuaciones tanto en relación a la conducta delictiva del menor, como en relación a su contexto en el resto de áreas. «También se busca implicar a los familiares en esta intervención, favoreciendo una ajustada conciencia y colaboración ante las necesidades del menor», sentencia Simó. H