Los efectos de la crisis económica que ha provocado el covid ya han llegado a la justicia. Y donde más se nota es en los juzgados de lo Social, encargados de dar salida a asuntos como demandas por despido, reclamaciones de cantidad, acoso laboral. Durante todo el año pasado se presentaron en Castellón 1.413 demandas por despido. Durante el 2019 fueron 1.244, es decir, casi un 15% más según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y con las llamadas reclamaciones de cantidad, es decir, las demandas motivadas por el impago de la nómina o de algún complemento salarial, ha ocurrido algo muy similar.

Que los cuatro juzgados de lo Social de la provincia hayan recibido 1.413 demandas por despido en un año significa que cada día una media de 4 trabajadores de Castellón denuncian a su empresa porque consideran que su relación contractual ha finalizado de manera improcedente y, por lo tanto reclama una indeminización mucho más alta o ser readmitido en la compañía. Y si hay muchas demandas, lógicamente, es porque hay más despidos. «El verano pasado fue negro para el sector hostelero en creación de empleo por la situación que ha provocado el covid y el final de año y arranque de este 2021 no solo no se crea empleo sino que, lo que es más grave, se está destruyendo», describe Vicent Arrandis, socio director del despacho de abogados Laborea de Castelló y profesor de derecho de la Universitat Jaime I. Arrandis asegura que las pymes se encuentran cada vez más tocadas económicamente y los ERTE, que temporalmente supusieron un alivio para las empresas y trabajadores, «se están convirtiendo gota a gota en despidos individuales». Una situación de la que escapan las grandes empresas, y las compañías de sectores como el azulejo o las tecnológicas.

Quienes presentan una demanda por despido ante un juzgado de lo Social son, fundamentalmente, trabajadores con una larga trayectoria laboral. «Se trata fundamentalmente de profesionales mayores de 45 años, incluso con formación universitaria y sólida vida laboral en su empresa. Aquellos que tal vez no se vieron afectados por la crisis anterior pero que, en la actualidad, sí pueden verse afectados y sustituidos por capital humano más joven, más económico salarialmente y mejor formado en nuevas tecnologías», argumenta Vicent Arrandis.

UN ARRANQUE DE AÑO DURO

Las demandas por despido van a más en Castellón en el año del covid y nada hace pensar que en los próximos meses la situación cambiará. Al contrario, los datos cada vez son peores. Febrero ha acabado en Castellón con 1171 desempleados más, y las restricciones por la pandemia ha asestado un duro golpe a sectores como la hostelería o el comercio. Los abogados laboralistas pronostican una primera mitad de año dura, aunque con la vacunación se puede llegar a una estabilidad en el empleo a mediados del 2021. «No obstante, desde Laborea no creemos que la economía española de señales de recuperación y creación de empleo hasta el 2022», argumenta.

El incremento de causas laborales es una de las causas que explica el colapso que sufren los cuatro juzgados de lo Social de Castellón y que este año se ha hecho todavía más grande. Estos órganos ingresaron durante el tercer trimestre del 2020 1.085 asuntos, 173 más que igual periodo del 2019. Y aunque resolvieron 743 asuntos, en estos momentos tienen un tapón de 3.682 demandas a las que dar salida (hace un año eran bastante menos, 2.783).

Tanto la Generalitat Valenciana como el Ministerio de Justicia son conscientes de este problema y desde el pasado 1 de enero Castellón tiene un nuevo juzgado de lo Social, una implantación consensuada a mediados del pasado ejercicio entre el TSJCV, el presidente de la Audiencia de Castellón y la jueza decana. Además, la consellera Gabriela Bravo, acaba de presentar un plan de choque diseñado para reducir el atasco en los juzgados provocado por la pandemia. Y entre las medidas está un refuerzo para los dos juzgados de loMercantil, que acumulan 1.200 asuntos pendientes.