O currió en Benicarló a mediados del pasado mes de julio. La Guardia Civil y la Policía Local identificaron a varias personas de una misma familia que trataban de usurpar un inmueble vacío situado en la calle Alcalà de Xivert. Y no es un caso aislado. En Castelló, a la dirección General de Costas le costó meses demoler el antiguo restaurante Ortega Playa porque estaba okupado y, según datos del Ayuntamiento, 58 de los pisos sociales están habitados de manera ilegal... La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un negocio y el número de usurpaciones no para de aumentar. Lo hace en Castellón, donde la cifra denuncias conocidas por las fuerzas de seguridad alcanzó el año pasado las 82, un 41% más que hace dos años, según el Ministerio de Interior. En los últimos 5 años se han denunciado en la provincia 423 casos de usurpaciones y si se compara el dato del 2018 con el del 2013 (un total de 43), el número prácticamente se ha doblado,
Que en Castellón la Policía Nacional y la Guardia Civil hayan tenido constancia en el último año de 82 denuncias por apropiaciones de vivienda (en el conjunto nacional han sido algo más de 12.000 y las provincias de Barcelona y Madrid se sitúan a la cabeza) no significa que tan solo existan un centenar de inmuebles ocupados de manera iegal. Al contrario, desde el Instituto Cerdà se estima que más de 100.000 viviendas están ocupadas en España de manera ilegal (en Castellón serían cerca de un millar) y la inmensa mayoría de los propietarios no denuncian por coacciones. Y un apunte más: el 61% de los administradores de fincas asegura haber sufrido casos de ocupación ilegal, según el informe Ocupación ilegal y viviendas de uso turístico, presentado hace tan solo un par de semanas.
Pero, ¿quién usurpa la propiedad de una vivienda en Castellón? ¿qué tipo de casas eligen? En la provincia, y según varias empresas de desalojos exprés consultadas, buena parte de los okupas ya no buscan casas abandonadas. «Tenemos a unos okupas que se fijan, sobre todo, en viviendas de entidades financieras» apuntan. Suelen elegir casas propiedad de bancos que pasaron a las entidades porque los promotores no pudieron venderlas ni hacer frente a los préstamos. Y el grueso están cerca de la playa. «El okupa ya no es solo una familia sin recursos que accede a una vivienda abandonada»», dicen.
Para los propietarios luchar contra los okupas es casi un odisea, y las pérdidas que les ocasionan, monumentales. Se estima que el impacto económico negativo de la ocupación está entre 3.500 y 30.000 euros por casa y, además, un inmueble ocupado pierde entre el 40 y el 60% de su valor en el mercado.
