La plataforma en defensa de la aplicación de la ley de dependencia de Castellón reivindica «más medios humanos para agilizar la tramitación de los expedientes de la dependencia y que puedan estar resueltos en el plazo de seis meses», según explicó Sonia Lapierre, coordinadora en Castellón.

Así se expresó tras el balance hecho público el martes por la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y vicepresidenta, Mónica Oltra, quien apuntaba que la Generalitat ha incorporado desde el inicio de la legislatura a 30.425 nuevos dependientes al sistema en la Comunitat, y que, en la provincia de Castellón, hay 6.684 beneficiarios.

Carmen Santamaría, miembro de la plataforma, recordó que, si bien han aumentado las solicitudes y los casos a los que se les ha reconocido el derecho, la cifra de los que están recibiendo prestación o servicio --pese a que también se ha incrementado--, no lo hace al mismo ritmo que el de los valoradas. «Se da la paradoja --señala Santamaría-- de que, en la actualidad, los dependientes en el limbo (personas con derecho reconocido pero que no reciben prestación) es mayor».

Lapierre, por su parte, indicó que «faltan más medios para agilizar los expedientes», y para que las ayudas «se resuelvan en el plazo marcado de seis meses». «Se necesita más personal para que las cosas se hagan mas rápidas; así no puede ser», indicó.

Por su parte, fuentes de la Conselleria informaron ayer que en la provincia de Castellón hay 2.831 personas pendientes de atender (en alguna etapa del proceso, bien a la espera de valoración, o ya baremadas y en stand-by del Programa Individual de Atención --PIA-- o a la espera de su resolución).

Ayer, la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Castellón, Ali Brancal, argumentó «la falta de financiación del Estado a la dependencia» como una de las razones por las que aún hay gente en espera.