Ha sido el azote del sistema durante años, reclamando una red residencial pública de calidad que dé respuesta a la demanda existente. La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Castellón lleva años reivindicando un plan ambicioso de construcción de centros siguiendo el modelo puesto en marcha por la Conselleria de Educación para edificar colegios. Esta entidad ha sido el altavoz de un colectivo silencioso que ahora ha sido el más golpeado por el coronavirus, poniendo sobre la mesa el debate sobre el actual modelo residencial que deja en manos de las empresas privadas, a través de la concertación de plazas, la gestión de este servicio público al no disponer de suficientes centros ni personal de atención.

«Desde la Plataforma de la Dependencia no somos optimistas. El sistema residencial tendría que cambiar radicalmente, y el camino por el que andábamos antes de la pandemia era justo el contrario que el que habría de ser. El modelo predominante es el del concierto de plazas en residencias privadas subvencionadas con fondos públicos, convirtiendo esos cuidados esenciales y esa dedicación que requiere una persona mayor en objeto de mercantilización», señala la portavoz de la entidad, Carmen Santamaría.

«Hay residencias que en muchos casos están ampliando el número de habitaciones porque así lo exige el comportamiento demográfico, dando lugar a centros masificados en los que las personas ancianas carecen de la atención necesaria, dormitando o cara al televisor la mayor parte de la jornada», lamenta.

más controles // Desde la Plataforma de la Dependencia reclaman más controles, «ya que la ratio del personal inspector es insuficiente. No alcanza lo que se exige en nueva ley de servicios sociales inclusivos de la Comunitat». «El deficiente funcionamiento de la tarea inspectora (hay centros que llevan años sin inspecciones) supone que no tenemos la plena certeza de que se respeten los derechos de las personas mayores usuarias de esos servicios y que propongan las medidas necesarias para elevar los niveles de calidad de estos servicios», comenta. «El supuesto modelo público residencial es raquítico, escaso, deficiente.

O verdad se propone que los servicios sociales estén al mismo nivel que la sanidad o la educación, o todo lo que hemos vivido estos meses no habrá servido para nada», concluye Santamaría.

Una opinión que también comparten los trabajadores sociales que conocen el sistema al detalle por su labor diaria. El Colegio de Trabajo Social de Castellón ha mostrado su preocupación por lo sucedido en las residencias y reclama centros más pequeños, apostando por un modelo público de calidad, sin dejar a la iniciativa privada toda la gestión.