La Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència de Castelló denuncia que el tiempo medio de espera en la tramitación de las prestaciones sigue estando entre 14 y 18 meses, muy lejos de los seis meses que establece la ley.

El colectivo hace balance coincidiendo con el 12º aniversario de la aprobación de la norma. Advierten de que el número de personas en espera ha duplicado en el último trimestre el de las nuevas incorporaciones y que la cifra de los usuarios que aguardan aumenta por tercer mes. Los datos de la web de la Conselleria de Igualdad, que dirige Oltra, reflejaban, a 2 de noviembre, 8.181 beneficiarios y 2.220 en espera.

Desde la plataforma destacan que persisten «bastantes lagunas» en el sistema que implantó el Consell. Desde el 2017, los servicios sociales municipales asumen las valoraciones y, desde el 2018, abren el expediente en el sistema para después remitirlo a la Conselleria, que dicta las resoluciones y concede las ayudas.

MAPA // «El traspaso de competencias implica que, en el mejor de los casos, se ha dejado en manos de los recursos municipales y, en el peor, de la voluntad política del gobierno local». «Nos gustaría que en vez de aportar cifras globales se diera un mapa detallado, municipio a municipio, de cuál es la evolución, pues sospechamos que se están producen diferencias y agravios en función del lugar de residencia», dicen.

Por otro lado, denuncian que muchos municipios de la provincia han tenido que reclamar a la Conselleria el traspaso de los expedientes del 2017, cuya grabación aún competía a la administración autonómica. Se daba la paradoja que casos del 2018, grabados por trabajadores sociales municipales, se hallaban en una fase del procedimiento más avanzada que los del 2017. También alertan del gran número de solicitudes de revisión por agravamiento de la situación que hace años esperan una nueva valoración, y que reciben ayudas inferiores a las que les pertocarían al no haber sido revaloradas.

Con todo señalan: «Comenzamos a percibir por primera vez avances considerables en la gestión». Destacan el que se haya empezado a reintegrar el copago cobrado de más en épocas del PP y las prestaciones de fallecidos, que cuantifican en 1.500 casos en Castellón. El Consell cifró en 490 devoluciones en la provincia.