La Plataforma en Defensa de la Aplicación de la Ley de Dependencia de Castellón reclama al Gobierno central que aporte una mayor financiación para acabar con la cifra de personas que están a la espera de que se haga efectivo el derecho reconocido asignándoles una prestación o servicio.

Así lo explicó a Mediterráneo Sonia Fernández, en representación del colectivo afectado, quien dice que «sin la aportación estatal no puede acabarse con el limbo. No da para tanto la inversión del presupuesto autonómico». En estos momentos el Estado aporta solo el 12% de la financiación requerida, mientras que el 88% restante lo desembolsa la Generalitat valenciana, cuando la aportación debería alcanzar el 50%.

TIEMPO DE ESPERA // Sonia Fernández explicó que «las ayudas tardan en tramitarse más o menos dependiendo de comunidades; aquí la espera está sobre los 14 meses». Por ello, esta portavoz consideró que «es crucial que el Estado aporte su parte para obtener un sistema garantista que cumpla los plazos y una calidad de servicios y recursos».

Según datos de la Conselleria de Igualdad, el sistema de atención a la dependencia asiste a 9.735 personas en la provincia de Castellón a través de algún tipo de servicio o prestación económica, con las cifras a 31 de julio.

Asimismo, hay 2.718 pacientes que están en lista de espera. Este dato contrasta con el que había hace cuatro años. Por ejemplo, el 30 de septiembre del 2015 (primer dato disponible) eran 4.614 los beneficiarios y 5.178 los que estaban entonces en el limbo.

Por lo que respecta a las nuevas solicitudes de inclusión, en febrero entraron 766, el que más, mientras que en el reciente julio han bajado hasta las 320, ya que hay una gran oscilación.