El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, acordaron ayer desbloquear la herencia de Josefa Martell para que, a través de un convenio, revierta en el desarrollo de la ciudad, después de 30 años del fallecimiento de la castellonese, sin haber dejado testamento, y en cumplimiento de una sentencia del 2002 del Tribunal Supremo, que ordena a la Generalitat a distribuir el caudal hereditario de Martell en tres tercios: uno para la Generalitat, otro para entidades sin ánimo de lucro de carácter municipal y otro para entidades sin ánimo de lucro de carácter provincial.

La herencia se valoró en el 2006 en 4,7 millones de euros y estaba configurada por 32 bienes (5 de naturaleza urbana y 27 rústicos). El gobierno autonómico se reservó cuatro fincas urbanas por valor de un millón de euros, otras dos se vendieron en subasta, otra se detectó que había sido vendida por la propia Martell, una se cedió al Ayuntamiento (que es la de Mas d’en Riera, ahora reconvertida en huerto social) y otras cuatro están sin identificar. Así, quedarían 20 inmuebles sin distribuir, valorados en unos 3,5 millones de euros. De estos, dos son de naturaleza urbana (ubicados en las calles Columbretes y Ramón y Cajal) y los otros 18 rústicos, la mayoría de naranjos.

NUEVA JUNTA DISTRIBUIDORA // Es lo que se ha conseguido esclarecer de la herencia Martell, aunque ahora quieren arrojar luz sobre la misma para poner orden y que revierta en la ciudad. Según explicó Puig, «se convocará una nueva junta distribuidora, que se encargará de actualizar la valoración de los bienes y actualizar la tasación». En cuanto al uso de los bienes, apuntó a «huertos urbanos o a la creación de viviendas de protección pública».

Marco se mostró satisfecha por «desbloquear esta herencia tras 30 años, por la paralización de la subasta de los bienes realizada en su día por Puig y porque ya es hora de que vuelva a Castellón».