Desbordados ante la magnitud de la superpoblación de jabalís. Además de pérdidas económicas a la agricultura, la plaga ha provocado un incremento de los accidentes de tráfico, el último este fin de semana, cuando a una mujer que viajaba con varios menores se le cruzaron tres jabalís en la CV-21 en l’Alcora y chocó con uno de ellos. Hasta ahora, la acción de los cazadores de la provincia (con más de 6.000 ejemplares abatidos en el último año) ha demostrado ser insuficiente para solventar el problema. Incluso la Administración ha hablado de aplicar planes B para actuar en las zonas próximas a poblaciones, como el usar jaulas o arqueros para reducir su población, e incluso drones para contarlos. Pero lo cierto es que las reuniones se suceden y con ellas las promesas de agilizar batidas y esperas, sin que por el momento se halla dado con la solución.

El último encuentro tuvo lugar ayer entre Ramón Mampel, secretario general de la Unió, y el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro. Mampel solicitó un plan estratégico para atajar la problemática de la fauna salvaje, especialmente los jabalís, pero también cabras y conejos, y empezando por las comarcas más afectadas, para ir perfilando medidas que permitan controlar su población e intentar reducir en lo posible los daños a las explotaciones agrarias. La Administración, de nuevo, lanzó una promesa: que buscará «una solución de consenso». Si de las palabras se pasará a la acción, el tiempo lo dirá.

MÁS REUNIONES // Mampel apela a trabajar de la mano ayuntamientos, federación de caza, agricultores y Consell (ya se han celebrado reuniones así con municipios del entorno del aeropuerto). Por su parte, la Conselleria asegura ahora que va a iniciar una ronda de reuniones de trabajo en las zonas donde se ha detectado sobrepoblación y al objeto de que las medidas propuestas en cada área concreta cuenten con el máximo respaldo de todas las partes implicadas en cada territorio.

Pero el tiempo apremia. Así, Mampel demanda agilizar las actuaciones en todas las zonas donde se detecten daños a los cultivos para poder autorizar la batida la misma semana y no dos o tres meses después, cuando ha terminado la campaña agrícola.

Otro problema es que se desconoce cuántos hay. Es lo que han solicitado los agricultores, hacer un censo de población, además, de hacer controles de lo que se caza y de los daños, para saber dónde hay mayor problemática.

A ello se suma que hay áreas más propensas a tener riesgos, que son marjales, y parques naturales que gestiona la Administración, como el Prat de Cabanes Torreblanca o la Marjal de Peñíscola, en los que se refugian muchos jabalís y en los que, a su juicio, se tendría que habilitar alguna forma de actuación.

Además, la Unió considera que se debería actuar en coordinación con los cazadores pero no dejarles a ellos todo el peso. Así, a su juicio, deberían usarse todos los medios disponibles (redes, jaulas, esperas) y compensar económicamente a los cotos que asuman esta labor, para que no les suponga un gravamen.