La Sindicatura de Comptes de la Comunitat ha remitido al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de dicha institución el informe «desfavorable» sobre la actividad contractual y la rendición de cuentas del Hospital Provincial de Castellón referido al 2016. Este documento alerta de «desfases, falta de control, fraccionamiento indebido de contratos e incumplimientos», por parte de los responsables del centro, tanto el equipo directivo como la Conselleria de Sanidad.

La línea argumental es casi idéntica a la empleada por la Intervención General de la Generalitat en su auditoría, también «desfavorable», que realizó de las cuentas del Provincial de dicho ejercicio, alertando de un importante desequilibrio económico y financiero, además de prácticas irregulares en la contratación. El revés de Intervención llevó a la presidenta del consejo de gobierno del centro y consellera, Carmen Montón, a anunciar que, a partir de este año, dicho organismo hará un control previo para intentar resolver la complicada coyuntura económica.

Entre los «incumplimientos significativos», la Sindicatura «ha observado importantes debilidades de control interno e incumplimiento de la normativa que suponen elementos significativos de riesgo en la evaluación de la actividad contractual del consorcio». En este sentido, advierte de que se han contraído «obligaciones por importes significativos sin cobertura presupuestaria y sin la previa tramitación del expediente de contratación, prescindiéndose del procedimiento legalmente establecido». El documento alerta de que se registraron más de 20 millones de gastos sin el contrato correspondiente, la mayoría son de productos farmacéuticos y sanitarios.

A este respecto advierte de desembolsos realizados sin consignación presupuestaria y del retraso en los abonos, lo que provocó el pago de más de tres millones por sentencias judiciales relacionadas con los intereses de demora.

SUGERENCIA

Entre las recomendaciones, esta institución, que se encarga de fiscalizar las cuentas de las entidades que dependen de la Generalitat, como es el caso del Consorcio del Provincial, considera que el presupuesto inicial de gastos debe atender todas las previsiones «calculadas de forma realista», además aconseja poner en marcha mecanismos de control económico y «un servicio interno de fiscalización».

Desde la Sindicatura remarcaron ayer que su informe ha sido remitido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, al igual que realizan con el resto de documentos que elaboran, según la ley. Ahora será el fiscal el que analice si dichas irregularidades constituyen algún tipo de delito.