Una revolución, pequeña, pero revolución. De repente, los olvidados están en boca de todos. Miles de personas de la España vaciada se manifestaron el pasado domingo en Madrid reclamado igualdad, vertebración, equilibrio territorial y medidas contra la despoblación, un fenómeno que en Castellón afecta a cada vez más, prácticamente a todos los del interior, y donde viven algo más de 100.000 personas. Todas saben bien que significa pertenecer a la Laponia del Sur. Todas han oído hablar de conceptos como demotanasia. Todas conocen qué consecuencias tiene que su pueblo se quede sin sucursal bancaria, sin tiendas o sin médico o que el futuro de la escuela penda de un hilo. Son algunas de las consecuencias de la dispersión y envejecimiento que asola a gran parte de la provincia, y para las que la Administración busca soluciones. El Gobierno acaba de aprobar un plan director, el Consell ya ha dado luz verde al decreto ley por el que se invertirán 240 millones de euros y la Diputación ha convertido la lucha contra la sangría demográfica en uno de sus ejes. ¿Son suficientes estas medidas?

La hemorragia demográfica que vive el interior no es nueva, pero el principal problema es que no hace más que acrecentarse con el paso de los años. Un dato. En Geografía Humana, los territorios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado se consideran áreas en riesgo de despoblación, y las que están por debajo de 8, en riesgo severo. Y así se encuentran en Castellón 66 municipios, el 48,8% del total. Todos tienen una densidad de población menor a los 12 habitantes por kilómetros cuadrado. Y de entre ellos hay 28 que se llevan la palma. Su densidad apenas alcanza los 5 vecinos por kilómetros cuadrado. Sorita, Vallibona,Torralba. Cortes de Arenoso, Castell de Cabres o Ares, entre otros, están en ese grupo.

UN PROBLEMA QUE AUMENTA

El último padrón de 2018, publicado a principios de este año, dibuja en la provincia dos realidades muy distintas. Una es pujante, y refleja cómo durante el último ejercicio la población de la mayoría de las ciudades más grandes ha crecido. Un ejemplo es Castelló, que ha pasado de 169.498 a 170.888. A Vila-real le ha ocurrido algo muy similar (de 50.334 a 50.577), al igual que a Almassora, Burriana o Vinaròs. Todas ganan población. En cambio, la provincia que no está bañada por el mar se ha dejado por el camino otro puñado de habitantes. Y ese descenso afecta a los municipios más pequeños, aquellos que no superan los 300 vecinos, pero también a buena parte de las localidades de entre 1.000 y 2.000 habitantes. Es, coinciden todos los expertos, la segunda oleada de la despoblación. ««Podría decirse que hay dos provincias dentro de una», constataba hace tan solo unas semanas Josep Martí, alcalde de Sueras y presidente de la Mancomunidad Espadán-Mijares.

Albocàsser perdió el año pasado 23 habitantes y pasó de los 1.257 del 2017 a los 1.234 del 2018. Desde hace diez años se ha dejado por el camino 212 vecinos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La población de Benassal ha menguado en un año en otros 22 vecinos (250 desde el 2008) y Llucena ha perdido 19 (en una década, 268).

Pero, ¿qué tienen en común todas estas localidades que siguen y siguen restando habitantes, más allá de ver cómo se resiente su autoestima colectiva? Aunque ni la intensidad con que decrecen ni el porqué son los mismos en cada caso, suelen compartir una receta que incluye tres ingredientes demográficos. Primero: una baja fecundidad, porque los jóvenes que se marchan se llevan fuera a los hijos que ya han tenido (y cada vez son menos) y porque ya será también fuera donde nazcan los que tengan. Segundo: un aumento galopante de la mortalidad, porque quienes se quedan en el pueblo son los más viejos. Tercero: la salida de muchos inmigrantes que vivían y trabajaban en todas estas localidades.

EMPLEO Y MENOS IMPUESTOS

Antonio Querol es el alcalde de Albocàsser desde hace 20 años y conoce muy bien que es el fenómeno de la despoblación. Cuando llegó al Ayuntamiento, el municipio tenía 1.368. Hoy son 1.234 y un crecimiento demográfico del -10,19%, según la última cifra de la Agència Valenciana de Estadística. «La solución no es fácil y nadie tiene una varita mágica. Una de las claves podría estar en rebajar al máximo los impuestos. Ahora mismo el Catastro ha hecho una actualización y el IBI se ha disparado. Y, por su puesto, favorecer el empleo», argumenta el alcalde de una calidad donde cada año mueren una media de 40 personas mientras que tan solo nacen entre 15 y 20 bebés.

Que el empleo es la clave es algo que saben muy bien en les Coves de Vinromà, sede de la empresa LM Wind Power, que fábrica de palas eólicas y da trabajo a 700 personas. «Esta industria ha servido para estabilizar el número de habitantes. En la plaza donde está el Ayuntamiento había un bar que llevaba cerrado 18 años y ahora a vuelto a abrir», resume su alcaldesa, Mónica Nos.

Las administraciones (ahora sí) parece que han tomado conciencia y han lanzado toda una batería de ayudas. El Gobierno ha aprobado un plan director con 70 medidas para combatir la despoblación, una iniciativa que incluye líneas de créditos ICO y ayudas específicas al emprendimiento y empleo de jóvenes en los municipios de riesgo demográfico. El Consell dará ayudas a 74 municipios de la provincia, aunque ya ha anunciado que ampliará el acceso a las subvenciones.