La despoblación repite un año más como uno de los principales problemas de la provincia de Castellón, al «afectar especialmente a las comarcas del interior» y concentrarse allí gran parte de los 171 municipios que presentan riesgo de sufrir un éxodo en la autonomía.

Así lo confirmó ayer el presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, Carlos Luis Alfonso, tras la aprobación de la memoria anual sobre la situación socioeconómica y laboral, que ha sumado por primera vez un informe sobre el medio rural con el objetivo de incorporar sus particularidades, según detalló la presidenta de la comisión de Medio Ambiente y Territorio, Elisa del Río, al respecto.

Entre los principales condicionantes que propician la pérdida de población destacan la baja implantación empresarial y las barreras que existen para ello, la dificultad de acceso a la vivienda o la carencia de servicios públicos o equipamientos básicos. «Todo esto provoca que la gente se desplace hacia las zonas más costeras», advirtió sobre ello Del Río.

La brecha digital es otro de los factores más relevantes que influye todavía en estas zonas, aunque administraciones como la Generalitat valenciana, con el establecimiento de normativa al respecto, o la Diputación de Castellón, con el impulso a la fibra óptica, tal y como publicó este diario, traten de combatirlo. No obstante, «las necesidades avanzan más rápidamente que la implantación», añadió la presidenta de la comisión.

Y es que aspectos como el fortalecimiento del teletrabajo supone un potencial para estas zonas: «La covid-19 permite hacer las cosas a distancia, pero se requiere de banda ancha», remarcó.

RECOMENDACIONES / A partir del análisis el informe establece también una serie de recomendaciones para potenciar el desarrollo de las localidades afectadas por este fenómeno económico y social.

«Son zonas con menos gente, pero con mucha calidad de vida y donde hay una gran oportunidad para desarrollar e implantar actividades muy ligadas al desarrollo sostenible o la economía circular», destacó Del Río.

Entre ellas, tal y como avanzó la presidenta, figuran medidas encaminadas a favorecer la colaboración público-privada para la movilización de recursos o a establecer relaciones entre las comarcas costeras y las de interior. No obstante, desde el CES consideran «fundamental que en cualquier normativa se visibilice y analice el impacto sobre el medio rural».

Por otro lado, Alfonso comentó que los datos del 2019, que se publicarán en detalle durante las próximas semanas, desprenden que «mejora la situación económica y social en general y disminuye el desempleo», pero se mantiene la misma senda «a pesar de la situación de infrafinanciación» que padece la autonomía y que el presidente del comité calificó de «injusta y catastrófica socialmente».

Mientras, afirmó en este sentido que «el Gobierno valenciano y la sociedad has reaccionado razonablemente bien ante la pandemia», e incluso el territorio «está en mejor situación que otras comunidades y países», aunque la falta de financiación podría influir de manera negativa «dificultando la recuperación», avisó. Y señaló que la tendencia no «será tan alentadora en el futuro».